Aunque el grueso del presupuesto —55.6%, este año— se destina a funcionamiento y tal rubro también podría ser sujeto de corrupción, el cálculo se efectuó con base al de inversión, ya que es el más sensible a ese flagelo.

Difícil cuantificar. Analistas del Instituto Centroamericano de Ciencias Fiscales (Icefi) y de Acción Ciudadana, entre otros, coinciden en señalar que es imposible unificar una cifra de lo que se pierde de recursos estatales, pero algo es obvio: el precio de la corrupción lo pagan todos los guatemaltecos, traducido en deficiencias de infraestructura, salud y educación.

Al sumar los presupuestos de 1998 al 2012 se obtiene una cifra de Q542 mil 570 millones, de los cuales 302 mil 192 millones se destinaron a funcionamiento; 157 mil 699 millones, a inversión; y Q82 mil 679 millones se utilizaron para el pago de deuda pública.

Si se estimara una pérdida promedio del 20 por ciento, solo en inversión, el dinero perdido sería de Q31 mil millones.

Ribetes legales. El estudio Impunidad y corrupción en el ámbito fiscal, de Acción Ciudadana, calcula en 24% del Presupuesto General el monto de las pérdidas por corrupción, y un análisis elaborado en el 2011 por la bancada Encuentro por Guatemala considera que solo en inversión hay fuga de 20% en sobreprecios, mala ejecución y comisiones.

El cálculo se obtuvo mediante denuncias recopiladas por la diputada Nineth Montenegro, y la mayor parte de dinero se gastaba en pago de comisiones por construcción de obra pública.

La congresista analizó específicamente los rubros de inversión de los presupuestos del 2008 —Q28 mil 115.8 millones— y del 2009 —Q31 mil 933.9 millones—, respectivamente, pero además concluyó que en relación con el Presupuesto General de la Nación, la corrupción pudo alcanzar el 12.5% del total.

Según su cálculo, los fondos que se desviaron por corrupción alcanzaron los Q5 mil 623.1 millones para el primero de los años en estudio, y Q6 mil 386.7 millones para el segundo año.

La vicepresidenta Roxana Baldetti cree que tan solo el año recién pasado, las pérdidas por corrupción fueron de Q15 mil millones —el presupuesto aprobado fue de Q54 mil 390 millones—.

“Los cobros de comisiones se dan por entregar una obra o hasta por cobrar una factura”, indicó la funcionaria.

Baldetti incluye en su cálculo lo que el Estado eroga por funcionamiento y pago a deuda pública, aunque sin dar mayores detalles.

Menos inversión. Si se limita el cálculo de pérdidas del 15 por ciento solo al rubro de inversión, para el cual se destinaron Q157 mil 699 millones en los últimos 15 años, una estimación del total superaría los Q23 mil millones, los cuales se habrían diluido en los bolsillos de funcionarios, políticos y empresarios corruptos que cobraron comisiones, sobreprecios e incumplimientos en la erogación de fondos públicos.

En el primer escenario, y si se toma en cuenta que entre el 2008 y el 2012 se destinaron para inversión Q59 mil 284 millones —equivalentes al 37 por ciento de ese rubro en los últimos 15 años—, únicamente en el último lustro se habrían desviado al menos Q8 mil 892 millones.

Ahora, si se estandariza la pérdida por corrupción en comisiones en un 20 por ciento, y el monto perdido llegaría a ser superior a los Q31 mil millones en el período de 1997 a 2012.

Recursos necesarios. Según un análisis del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2012, con enfoque en la niñez y adolescencia, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Icefi, en el último año se destinaron Q12 mil 534 millones para financiar la cobertura educativa, de salud y seguridad alimentaria de la población menor de edad en Guatemala —unos 7.2 millones de niños y adolescentes en todo el país—, lo cual quiere decir que solo en el panorama más optimista el dinero perdido duplica esa cifra.

Para el área de Educación se aprobaron, para el ejercicio 2012, Q11 mil 193 millones, lo que significa que con las pérdidas por corrupción se hubieran podido financiar dos presupuestos con el cálculo del 15% y casi tres de ellos con el cálculo del 20%.

En Salud fueron aprobados Q4 mil 435 millones, lo que significa que con el estimado del 15 por ciento se pudo haber financiado el presupuesto de cinco años para funcionamiento de hospitales, pago de medicamentos y cobertura en esa área.

Cuando se trata de seguridad ciudadana, la cifra es aún más alarmante. El Ministerio de Gobernación tuvo un presupuesto para el 2012 de Q3 mil 955 millones, por lo que bajo el primer escenario se pudieron financiar casi seis presupuestos para combatir la delincuencia, y con el segundo, casi ocho presupuestos de Gobernación.

Tareas pendientes. Mientras se pierden recursos por corrupción y salen a luz nuevos casos, el Congreso de la República continúa sin aprobar la ley contra el enriquecimiento ilícito, la cual surgió desde 1998 y contempla modificaciones al Código Penal, para evitar el desvío de fondos a beneficio de funcionarios y particulares, así como el tráfico de influencias para obtener obras y el cobro ilegal de comisiones. Sin embargo, la misma fue sacada de discusión hace más de dos semanas.

Se debe acabar con “los corruptores, esos que compran políticos y evaden impuestos”, dijo el diputado Amílcar Pop, de la Comisión de Transparencia, quien resaltó que en favor de la probidad hace falta aprobar también modificaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto, la de la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Administración Tributaria.