Según informó la Casa Presidencial costarricense, el Ministerio de Hacienda ya dispuso de 210 millones de colones que se distribuirán en 10 millones (US$20 mil) a cada uno de los 18 demandantes y el monto restante para el pago de tres abogados.
San José, Xinhua. El gobierno de Costa Rica indemnizará con poco más de 400.000 dólares a las personas que se consideraron perjudicadas por la prohibición de utilizar la técnica de Fecundación in Vitro desde el año 2000.
La prohibición de utilizar la Fertilización in Vitro en Costa Rica fue anulada tras un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el año anterior resolvió a favor de la restitución de la técnica que fue paralizada por una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costarricense.
Según informó la Casa Presidencial costarricense, el Ministerio de Hacienda ya dispuso de 210 millones de colones que se distribuirán en 10 millones (US$20 mil) a cada uno de los 18 demandantes y el monto restante para el pago de tres abogados.
También informó que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) empezó a dar tratamiento psicológico a las parejas afectadas, según lo ordenado por la CIDH. Además, se inició el proceso de elaboración de los protocolos de atención, tratamiento y diseño de laboratorios para poner en práctica la técnica en la seguridad social.
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, instruyó a su ministra de Salud, Daisy Corrales, el establecimiento de un cronograma de trabajo para la elaboración y presentación de un proyecto de ley que regule adecuadamente la Fecundación in Vitro en Costa Rica.
El Ministerio de Salud tendrá que realizar un taller de consulta sobre la aplicación de la técnica de reproducción asistida, para que el 1 de marzo se presente una primera versión de proyecto ante la Presidencia, y 10 días después se envíe la propuesta de ley a la Asamblea Legislativa.
El gobierno costarricense indicó que está comprometido con el cumplimiento de lo dispuesto por la CIDH, por lo que espera que una vez que el proyecto de ley llegue a manos de los diputados, reciba un trámite adecuado para su aprobación.
