Max Marambio fue juzgado en ausencia tras haber sido citado al proceso judicial por las autoridades comunistas y precisó que el ex ministro Alejandro Roca cumplirá una sanción de 15 años de prisión.

La Habana. Un tribunal cubano condenó a 20 años de cárcel a un empresario chileno vinculado al gobierno del ex presidente Fidel Castro, acusado de estafa y falsificación de documentos, en un caso que involucró a un ex ministro de la isla, dijo este jueves la prensa estatal.

El diario Granma, del gobernante Partido Comunista, dijo en una breve nota que el empresario Max Marambio fue juzgado en ausencia tras haber sido citado al proceso judicial por las autoridades comunistas y precisó que el ex ministro Alejandro Roca cumplirá una sanción de 15 años de prisión.

"En la misma causa (de Alejandro Roca) resultó sentenciado en ausencia (...) el empresario chileno Joel Max Marambio Rodríguez, a quien el tribunal le impuso 20 años de privación de libertad, por los delitos de Cohecho, Estafa y Falsificación de Documentos Bancarios o de Comercio, todos de carácter continuado", dijo Granma.

Sobre Marambio, que era socio del Estado cubano en la empresa de alimentos Río Zaza, pesa una orden de búsqueda y captura, según el Gobierno de la isla.

El empresario de 63 años, quien reside en Chile, fue guardaespaldas del presidente chileno Salvador Allende y se había exiliado en Cuba. Antes había vivido y estudiado en la isla, donde inició amistad con el ex presidente Castro.

"El Tribunal (...) consideró que los delitos cometidos revisten particular gravedad y requieren de una respuesta penal enérgica, en correspondencia con los cuantiosos daños ocasionados (...) a la economía nacional", dijo la nota.

El ex ministro Roca fue sentenciado por los delitos de "Cohecho de carácter continuado y Actos en Perjuicio de la Actividad Económica o de la Contratación", dijo Granma, sin precisar más detalles.

Roca había sido reemplazado de su cargo hacía varios años. El Gobierno había dicho a fines de marzo por primera vez que estaba siendo investigado judicialmente.

"La decisión judicial puede ser impugnada por los acusados mediante recurso de casación (apelación) al Tribunal Supremo Popular, presentado en el plazo de diez días siguientes a su notificación", señaló el texto.