Lima. El presidente de Perú, Alan García, pidió formalmente a su par de Estados Unidos, Barack Obama, que intervenga para que la Universidad de Yale devuelva los bienes de Machu Picchu que retiene ilegalmente hace casi cien años. 

A través de una carta, el mandatario peruano recordó que fue la propia presidencia de EE.UU., durante la administración de William Howarf Taft, la que logró el permiso y autorización para las actividades del señor Bingham en el Perú. 

La misiva añade que “señor Presidente y gran amigo, han transcurrido casi 100 años desde entonces y a pesar de los múltiples requerimientos hechos en distintas oportunidades por sucesivos gobiernos peruanos, la Universidad de Yale no ha devuelto al gobierno Peruano los bienes de Machu Picchu”.

El Decreto Supremo de 1821 y el posterior decreto del 31 de octubre de 1912, establecía que todos los bienes del pasado incaico y pre-incaico encontrados o por encontrar, pertenecen al Estado de Perú.

El mensaje dirigido a Obama fue entregada por el canciller José Antonio García Belaunde a la embajadora estadounidense en el Perú, Rose Likins. 

En éste, el presidente García aclara que no se trata –como en otras situaciones dadas en el mundo- de un tema de botín de guerra o de hallazgo de bienes culturales de una nación en aguas internacionales, sino un caso de buena fe nacional que no ha sido correspondida, constituyéndose en un tema de apropiación ilícita sin razón ni justicia.

El presidente peruano recordó que en el año 1912 el jefe de Estado estadounidense, William Howard Taft, a través de su secretario Charles D. Hilles y de su secretario de Estado, Huntington Wilson, mediante carta del 26 de febrero y 2 de marzo de ese año, solicitó al entonces presidente del Perú, Augusto B. Leguía, la autorización para que el arqueólogo Hiram Bingham pudiera hacer una expedición científica organizada por la Universidad de Yale y presidida por el Dr. Hiram Bingham, en la que realizaría estudios y excavaciones en la zona del Cusco en el Perú. 

El gobierno de la nación sudamericana autorizó la campaña de acuerdo a la legislación vigente que, según el Decreto Supremo de 1821 y el posterior decreto del 31 de octubre de 1912, establecía que todos los bienes del pasado incaico y pre-incaico encontrados o por encontrar, pertenecen al Estado de Perú, señalando además que el plazo de salida del territorio nacional de esos bienes históricos para exposición y/o estudio es de 18 meses, incluidos los bienes de Machu Picchu (Decreto Supremo del 27 de abril de 1916) 

Bajo estas normas y con la autorización del gobierno, el Dr. Bingham hizo el hallazgo científico de la Ciudadela de Machu Picchu y extrajo de ella objetos y fragmentos, 46.000 de los cuales, con la autorización del gobierno peruano, fueron depositados para su estudio en la Universidad de Yale. Por su parte, el gobierno de Perú, según la Resolución Suprema del 31 de octubre de 1912 “se reserva el derecho de exigir a la Universidad de Yale y a la Sociedad Geográfica de los Estados Unidos, la devolución de los objetos únicos y la de los duplicados que se extraigan y se hayan extraído”.

De hecho, Alan García enfatiza que “así lo reconoce el propio Dr. Bingham, en carta del 28 de enero de 1916 al señor Gilbert H. Grosvenor de la National Geografic Society, señalando que los objetos “no nos pertenecen, sino al gobierno peruano que nos permitió llevarlas fuera del país con la condición de que sean devueltas en dieciocho meses”.