La noticia pasó sin gran pena y absolutamente ninguna gloria: el gobierno de EE.UU. permitió el ingreso de cientos de toneladas de drogas del Cartel de Sinaloa en su territorio, a cambio de información sobre otros grupos de narcotraficantes. Y no fue por una única vez, sino parte de un acuerdo que duró 12 años y supuso ingresos de varios miles de millones de dólares para Joaquín “El Chapo” Guzmán, casi con certeza el delincuente más buscado y poderoso de México.

Lo que reveló la investigación del diario mexicano El Universal, supera la fantasía de cualquier guionista de Hollywood. Y, aunque Maquiavelo lo entendería, supone una violación del Derecho Público Internacional. Basta imaginar un acuerdo secreto entre la policía mexicana y el principal grupo mafioso de EE.UU. para entender de qué se está hablando. 

Y hay más. Según las revelaciones documentales, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también habría participado en la transacción. La entidad lo negó, pero el hecho de que –en otro procedimiento también claramente delictivo– haya entregado armas a los narcos (como parte de un operativo llamado Fast and Furious) no parece darles toda la credibilidad necesaria a las protestas de inocencia.

Paradojalmente, esta política de que el fin justifica los medios tampoco parece haber resultado efectiva si de detener el flujo de la droga hacia EE.UU. se trata. La DEA no compartía la información del Cartel de Sinaloa con sus pares mexicanos. Así, los decomisos en México son notablemente escasos. En 2013 los militares de ese país confiscaron apenas un poco más de 2,5 toneladas de cocaína. Como contraste, Costa Rica capturó 19,8 toneladas.

Aunque nunca las cosas se repiten de manera exacta, el hecho es que México parece seguir la senda de Colombia: cuando la guerra militar contra los narcos se encuentra estancada, y a nivel de las instituciones simula haberse establecido un “modus vivendi” de tolerancia con la clase criminal, en algunas de las zonas urbanas con seguridad más deteriorada comenzaron a emerger grupos de “autodefensa”. Se trata de paramilitares donde confluyen vecinos genuinamente desesperados, marginales, delincuentes de pequeña monta y, eventualmente, fragmentos de simpatizantes de algún grupo narco. En Buenos Aires, Juan Toklatián, experto en sociopolítica de la droga, explica que el fundamento de esta aparición está en la creencia ilusoria (a veces alentada por sectores de las mismas FF.AA.) de que “se responderá a la violencia de los narcos con una sociedad en armas que sabrá defenderse mejor”. Este nuevo elemento en la ecuación, afirma el profesor de la Universidad Di Tella, sólo aumentará la complejidad del problema. Y, mientras todos los entes oficiales declararán que la “cruzada” contra los narcos es exitosa, “las fronteras entre lo legal y lo ilícito se harán cada vez más borrosas”. El peligro es derivar hacia una situación con un Estado debilitado y un mercado capturado, donde el crimen organizado deviene en una institución “ya no emergente, sino consolidada”. 

Alguien podría pensar que esto no es tan malo, pero si Italia es una nación desarrollada no es, precisamente, gracias a Sicilia o Nápoles, con todo lo bellas que puedan ser, sino a pesar de las mafias que operan en ellas.