Asistentes del agente anticorrupción lograron alzarse con la copia del acta por la cual se dispuso la contratación de abogados del estudio jurídico Almada Roig & Asociados. La diligencia se realizó en la sede central ubicada sobre la Avda. San Martín casi Mcal. López.
El fiscal Arnaldo Giuzzio incautó ayer documentos de la Cooperativa Universitaria a raíz de una denuncia de la junta de vigilancia que refiere que los miembros del consejo, que son investigados por el millonario arrendamiento de un local, contrataron a un prestigioso estudio jurídico, el cual es pagado con dinero de los socios.
Asistentes del agente anticorrupción lograron alzarse con la copia del acta por la cual se dispuso la contratación de abogados del estudio jurídico Almada Roig & Asociados. La diligencia se realizó en la sede central ubicada sobre la Avda. San Martín casi Mcal. López.
De acuerdo a la denuncia de la junta de vigilancia, los miembros del consejo de administración resolvieron contratar al bufete integrado por José Domingo Almada, Carmelo Caballero, ex viceministro del Interior, y la ex fiscala Rocío Vallejo, para que ejerza la defensa en la investigación del supuesto pago irregular de G. 1.234 millones por el arrendamiento del local de la sucursal de San Ignacio, Misiones.
“La junta de vigilancia puso a conocimiento un supuesto contrato a un estudio jurídico al solo efecto de defender personalmente a quienes aparecen mencionados en la denuncia original, y no la representación de la cooperativa, porque solo sería en este caso particular”, expresó Giuzzio.
Agregó sobre el punto: “Según la denuncia, con los recursos de la cooperativa se está solventando la defensa jurídica de las personas involucradas en el caso en particular que investigo, ya que supuestamente el contrato no abarca la posibilidad de llevar la representación en general de la cooperativa”.
El Ministerio Público logró incautar también ayer la primera orden de pago, en la que se habría dispuesto el desembolso de más de G. 100 millones, y las facturas expedidas por el profesional que prestará servicios.
Peritaje. En la investigación principal Giuzzio refirió que pidió la designación de un perito que estudiará el valor del inmueble de San Ignacio, Misiones, que fue arrendado al contado por G. 1.234 millones durante siete años. Busca esclarecer si hubo o no lesión de confianza.
