Las autoridades españolas pidieron a Caracas la extradición del presunto etarra Arturo Cubillas por diversos delitos de terrorismo relacionados con el supuesto entrenamiento de miembros de ETA en el país caribeño.
El Gobierno español ha solicitado a Venezuela la extradición el presunto etarra Arturo Cubillas por diversos delitos de terrorismo relacionados con el supuesto entrenamiento de miembros de ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el país caribeño, según anunció el viernes el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
"Los hechos que motivan la solicitud de extradición se fundamentan en que al reclamado se le considera sospechoso de haber organizado encuentros que servían de intercambio de experiencias y adiestramiento militar entre las FARC y ETA", dijo un comunicado del Ministerio de Justicia.
La iniciativa era esperada después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco solicitara el pasado miércoles al Gobierno que comenzara a tramitar la extradición de Cubillas, que tiene la nacionalidad venezolana, por un presunto delito de conspiración para cometer homicidios terroristas y otro de tenencia de explosivos en colaboración con banda armada terrorista.
"Lo que hemos hecho ha sido dar trámite a la petición de extradición", declaró Rubalcaba en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
La Audiencia atribuye a Cubillas, que ha ostentado cargos públicos durante la presidencia del venezolano Hugo Chávez según un auto judicial, la responsabilidad del colectivo de ETA en esa zona de América y la coordinación de las relaciones con las FARC.
Ambas están en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y han mantenido "relaciones coordinadas" a lo largo de su historia para "algunos de sus ilícitos objetivos", según la Audiencia.
Las FARC llegaron a pedir a ETA ayuda en el año 2000 para poder atentar en territorio español contra determinadas personas, como el ex presidente colombiano Andrés Pastrana y la ex embajadora colombiana en España Noemí Sanín Posada, según los documentos judiciales.
Venezuela abre investigación y niega vínculos. Venezuela ha abierto una investigación sobre las actividades de Cubillas, pero Chávez ha negado siempre cualquier colaboración con ETA y ha atribuido las acusaciones de supuestos vínculos con la banda " a la extrema derecha europea, y sobre todo la española".
El tema ya provocó un choque diplomático entre Madrid y Caracas el pasado marzo, y ambos países saldaron la polémica con un compromiso conjunto para luchar contra el terrorismo.
La declaración de dos supuestos etarras detenidos recientemente en el País Vasco que también dijeron haber recibido adiestramiento en Venezuela había relanzado los llamamientos para pedir la extradición de Cubillas.
Cubillas, de 45 años y que tiene abierta otra causa en la Audiencia por un delito de asesinato que se remonta a 1985, fue deportado por las autoridades francesas a Argelia en 1987 y dos años más tarde fue expulsado a Venezuela, donde adquirió la nacionalidad al casarse con una venezolana.
El juez Velasco sugirió al Ejecutivo en su auto que primero tratara de que Venezuela revocara la ciudadanía venezolana de Cubillas para poder proceder a la extradición.
ETA, que anunció en septiembre su decisión de dejar de perpetrar atentados y que ha sufrido un gran acoso policial en los últimos años con el arresto de numerosos dirigentes, ha roto varias treguas en el pasado y tiene un historial de más de 850 muertos a sus espaldas.
