Madrid. Amnistía Internacional denunció este miércoles un trato racista de la policía española al realizar comprobaciones aleatorias de identidad en la calle, según un informe del grupo de derechos humanos presentado en Madrid que recoge que estas prácticas son habituales.

El informe, titulado "Parar el racismo, no a las personas: Perfiles raciales y control de la inmigración en España", pide al gobierno que deje de pasar por alto una realidad que ya habían denunciado colectivos sociales y de inmigrantes y que desde el ministerio del Interior se ha negado.

"La policía puede dar el alto a personas que no ‘parecen españolas', para comprobar su identidad, hasta cuatro veces diarias; puede ocurrir a cualquier hora del día o de la noche, en cualquier lugar o situación", dijo Izza Leghtas, investigadora de Amnistía Internacional sobre España.

"Afecta a personas extranjeras y a ciudadanos españoles de minorías étnicas. No sólo es discriminatoria e ilegal, sino que también alimenta los prejuicios, porque quienes las presencian dan por sentado que las víctimas participan en actividades delictivas", añadió Leghtas.

La legislación española permite que la policía pueda comprobar la identidad de una persona en vías o espacios públicos cuando existe preocupación en torno a la seguridad, como ocurre cuando se ha cometido un delito en esa zona, pero según Amnistía, que lleva siguiendo este tema desde 2009, esos controles se hacen delibera y habitualmente con extranjeros sin que exista ningún motivo.

"A veces me paran tres o cuatro veces el mismo día. Les muestro mis documentos, pero algunas veces comprueban los datos para ver si son correctos. Aunque esté camino del trabajo y lleve prisa no les importa, los comprueban de todas formas. Que me paren así me hace sentir muy mal, como si no fuera libre", dijo Jahid, un inmigrante de Bangladesh, en el informe.

La organización de defensa de los derechos humanos cita también un estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE de 2008 con unas conclusiones similares en territorio español, donde un 12 por ciento de la población es inmigrante.

"Las autoridades españolas abusan de sus atribuciones para dar el alto y registrar a personas al utilizarlas como forma de controlar la migración. España tiene derecho a controlar la migración, pero no debe hacerlo a costa del derecho de los migrantes y las minorías a la igualdad y la protección frente a la discriminación", indicó Leghtas.

El texto, remitido al Ministerio del Interior y otras instituciones, pide al Gobierno que reconozca la dimensión real de estos controles policiales y tome medidas de inmediato para prohibir específicamente el uso de perfiles racistas, además de publicar las estadísticas sobre controles y detenciones.