Anders Behring Breivik, que emitió declaraciones en un tribunal situado a apenas dos cuadras de donde hizo detonar una bomba antes de matar a tiros a 69 personas en un campamento juvenil del Partido Laborista, también rechazó a la autoridad judicial que examina su caso.
Oslo. El militante anti-Islamismo que asesinó a 77 personas en Noruega el 22 de julio reconoció este lunes haber perpetrado la masacre, pero se rehusó a declararse culpable en su primer comparecimiento público ante una corte.
Anders Behring Breivik, que emitió declaraciones en un tribunal situado a apenas dos cuadras de donde hizo detonar una bomba antes de matar a tiros a 69 personas en un campamento juvenil del Partido Laborista, también rechazó a la autoridad judicial que examina su caso.
"Soy un comandante militar en el movimiento de resistencia de Noruega y de los Caballeros Templarios de Noruega. En cuanto a la competencia (de la corte), la rechazo porque ustedes recibieron su mandato de organizaciones que apoyan la ideología del odio (y) respaldan al multiculturalismo", afirmó Breivik.
"Reconozco los actos pero no me declaro culpable", agregó.
La masacre remeció a una nación conocida por contar con una sociedad abierta, con paz y relativa prosperidad, iniciando un debate sobre la inmigración y los estándares de seguridad.
Mientras fuera de la corte un grupo de manifestantes sostenía un cartel que decía "No debería haber una plataforma para que los fascistas hablen", Breivik intentó dirigirse a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, pero el tribunal le negó el pedido.
La audiencia fue la primera oportunidad para que la prensa, los sobrevivientes a la tragedia y los parientes de las víctimas escucharan a Breivik, de 32 años, hablar en público.
La audiencia, estipulada bajo la ley noruega para mantener a un sospechoso en prisión antes del juicio, fue la cuarta de Breivik y, tal como se esperaba, la corte decidió mantenerlo bajo custodia.
Posiblemente permanecerá en la cárcel hasta el inicio de su juicio, que podría empezar en la primera mitad del 2012.
A unas 120 personas se les permitió entrar en la corte, mientras que cientos de otras más ingresaron a las oficinas aledañas equipadas con cámaras que transmitían el proceso
