El defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, denunció que en Potosí se venden, incluso entre Bs 20 (US$3) y Bs 50 (US$7), a niños y niñas que se presume son llevados de manera ilegal a Argentina. Además, reveló que en 2010 unos 15.000 menores de edad fueron llevados a ese país de forma irregular.

No obstante, el Defensor lamentó que no haya “nadie que realice las denuncias, además de que (las instituciones públicas) no cuentan con recursos para sostener una investigación”.

La autoridad se refirió este lunes a las conclusiones del foro internacional “Trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes”, que se desarrolló en La Paz con la participación de delegados de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y los asociados Bolivia, Perú y Chile.

“Los datos que surgieron del evento son preocupantes. Desde Bolivia salen niños, niñas y adolescentes a Argentina, donde son explotados en campos de cultivos, talleres de costura y lugares de prostitución. Hay lugares donde no hay control, ése un referente de la magnitud del problema”, dijo Villena.

Explicó que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes salieron del país por puestos fronterizos de Yacuiba, Bermejo y Villazón, donde no existe fiscalización policial. Según Villena, si bien existiría un grupo de menores de edad que viaja sin permiso de sus padres, otro, el más numeroso, sería víctima de las redes de trata y tráfico de personas.

“No tenemos un dato preciso, pero se trata de niñas, niños y adolescentes que viven en las calles y son víctimas debido a que se desconoce su situación y están en indefensión”, afirmó.  En los casos en que se denuncia la desaparición de alguna persona, pese a los esfuerzos que se hace para obtener algún dato, “no se tiene información de su paradero”, agregó Villena.

En mayo del 2007, La Razón abordó la problemática con una serie de reportajes y en una visita a Villazón (frontera con Argentina) denunció que jueces vendían permisos de viaje para que menores de edad salgan en compañía de algún adulto, a veces con la complicidad de los propios padres, que enviaban a sus hijos al vecino país con la idea de que consigan un trabajo.

Entonces, se obtuvo también el relato de niños y niñas recuperados que contaban cómo eran obligados a trabajar arduamente y a sostener relaciones sexuales con adultos.

El Defensor del Pueblo planteó agilizar el tratamiento de la ley que penaliza la trata y tráfico de personas en la Asamblea Legislativa, a fin de diseñar políticas de protección y sancionar a quienes incurran en este delito.

El foro generó un amplio debate sobre esta problemática en el contexto boliviano y en los países de la región, que expusieron las iniciativas que ejecutan para combatirla.