El anuncio de expulsión de 700 reos bolivianos de las cárceles de Chile obligaría a tomar recaudos como estudiar sus antecedentes para precautelar la seguridad interna del país, además que se tendría que resolver los problemas y falencias que se registran en los recintos penitenciarios, según autoridades judiciales de Bolivia.

“Habría que establecer qué tipo de personas son, qué tipo de sentencias tienen y qué tipo de delitos han cometido, para que nuestro país tome las previsiones tanto jurídicas como policiales para resguardar la seguridad interna”, señaló William Alave, electo como miembro del Tribunal Supremo de Justicia por La Paz.

El también expresidente de la Corte de Distrito de La Paz dijo desconocer los pormenores, pero llama la atención este tipo de medidas que pueden “afectar a nuestro país dentro de su seguridad”. El canciller David Choquehuanca afirmó que aún no fue notificado oficialmente, pero adelantó que cualquier acción de esta naturaleza debe enmarcarse en leyes nacionales e internacionales.

Este manejo tendría que formalizarse vía Cancillería; además se tendrá que analizar a través de la autoridad central los elementos que hacen a cada uno de los casos y, en función a información de Régimen Penitenciario, según viceministro de Justicia, Nelson Cox.

“Nuestras puertas no están cerradas, pero tampoco están abiertas totalmente, cuando tenemos problemas y falencias en Régimen Penitenciario en cuanto hace al manejo de cárceles”, dijo Cox, tras indicar que Bolivia tiene problemas de hacinamiento carcelario.

Mientras no se aplique los correctivos que permitan descongestionar las cárceles del país, estaríamos imposibilitados de abrir espacios para estos casos, añadió. La Comisión de Seguimiento de la Reforma Procesal Penal, en Chile, analiza liberar y dejar en frontera a 700 reos bolivianos, la mayoría detenidos por narcotráfico.