La Paz. Bolivia quedó este lunes semi paralizada por una huelga de transportistas en rechazo a una fuerte e inesperada alza en el precio de los combustibles, que anticipa una dura prueba económica y política para el Gobierno izquierdista de Evo Morales.

El transporte público era escaso y el poco que prestaba servicios urbanos y de larga distancia imponía unilateralmente aumentos de precios de hasta 100%. Sin embargo, en las calles no se observaban alteraciones ni protestas y las gasolineras operaban con normalidad.

Adicionalmente, la primera protesta contra el llamado "gasolinazo" no afectaba a las vitales exportaciones minerales y de gas natural, que generan más de dos tercios de las divisas de la pequeña economía altiplánica y financian las políticas sociales de Morales.

Los combustibles para automotores subieron este domingo en hasta 83%, en una decisión política de potencial alto riesgo que el gobierno justificó por la necesidad de poner fin a un viejo régimen de subvenciones, que le costó al Estado US$380 millones de dólares en 2010.

Morales, en el primer año de su segundo mandato y quien parece haber puesto en juego su popularidad entre las clases pobres y sectores de clase media, estaba en Venezuela cuando fue anunciada el alza de precio y guardaba silencio tras retornar el lunes a La Paz.

Sus ministros, entretanto, trataban de explicar la aparente contradicción entre la dura medida y el buen momento macroeconómico del país, con cuatro años de sucesivo superávit fiscal y crecimiento y reservas internacionales récord.

"Aquí no es sólo el transporte el afectado, esto va a afectar a toda la ciudadanía porque van a subir todos los precios", dijo Franklin Durán, líder de la Confederación de Choferes, que agrupa a los propietarios del transporte automotor y se puso en una primera línea de rechazo al "gasolinazo".

Durán calificó como "contundente" a la huelga, que dijo durará "indefinidamente, hasta que el Gobierno apruebe un alza de tarifas" del sector.

No estamos en crisis. El gobierno no mostraba apuro por poner fin a la incertidumbre, anunciando sólo que esperaba dialogar con los transportistas y con la Central Obrera Boliviana, que por su parte convocó para el martes a una reunión nacional para considerar lo que llamó "maldito gasolinazo".

"No todos los cambios gustan, especialmente cuando afectan el bolsillo de la gente, pero hemos tomado medidas paliativas y es importante que la gente entienda que no estamos en una crisis sino que es un buen momento económico para que los efectos no se sientan", dijo a radio Erbol el ministro de Economía, Luis Arce.

Entre esos paliativos citó al congelamiento de las tarifas de agua potable, electricidad y telefonía y a la fijación de un aumento salarial para el sector público que compensará la inflación de 2010 y la previsiblemente fuerte alza de precios de enero venidero.

"El alza de precios provocada por la nivelación de combustibles podría aproximarse a 20% por ciento", calculó, destacando que en cambio el Estado se ahorrará una subvención a los combustibles, que duró más de una década y que le costó US$380 millones en 2010.

El gobierno estimó que la inflación en 2010 va a aproximarse a 7%, considerablemente por encima del 0,26% acumulado de 2009.

Bolivia es un importante productor de gas natural pero no se autoabastece de combustibles líquidos, especialmente diésel, que importa a precios internacionales y los comercializaba internamente, hasta el domingo, en base a un precio congelado de US$27 dólares.

El diésel subió el domingo 83%, a 6,80 bolivianos (US$0,96) el litro; mientras que la gasolina de bajo octanaje, la de mayor consumo, trepó 73% a 6,47 bolivianos (US$0,92), pero estos precios variarán en el futuro según las oscilaciones del mercado mundial, dijo Arce.