Una brigada especializada de la PDI se suma a las pericias decretadas por la fiscalía en el marco de la investigación por las denuncias de tortura al interior del penal de la Región de O"Higgins.

El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo Ríos, sumó a las indagatorias de los apremios iligítimos ocurridos en la cárcel de Rancagua, a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI de la Región Metropolitana, a fin de que periciar los hechos con los que se cuenta y establecer los ilícitos.

Al entregar la información, el persecutor señaló: "he decidido también, sumar a esta investigación, el trabajo de la Unidad del Alta Prioridad de la Fiscalía de O'Higgins, integrada entre otros por los fiscales jefes de Rancagua y San Fernando, quienes bajo mi dirección, decretarán las diligencias y actuaciones faltantes en esta indagatoria en las diversas etapas que se aproximan", sostuvo.

Consultado respecto de las dificultades que ha presentado esta investigación, iniciada en agosto del año pasado, el Fiscal Regional de O'Higgins explicó que existe una investigación pendiente por estos hechos, dentro de la cual han existido diversas complejidades para su desarrollo más expedito, entre otras, la no entrega de la totalidad de los antecedentes solicitados por parte de funcionarios públicos involucrados o la existencia de trabas para que la información de los internos pueda ser completa.

Toledo recalcó que condena los actos de violencia injustificada de parte funcionarios públicos en contra de personas, sean o no internos en una cárcel. Aseveró que "bajo esa premisa desarrollamos todas las diligencias para esclarecer con la mayor prontitud estos hechos, determinando a sus responsables, para formalizarlos y acusarlos cuando corresponda".

Hace algunos días el noticiero 24 horas de TVN dio a conocer unas imágenes captadas hace un año en la cárcel de Rancagua donde se muestra una brutal golpiza propinada por gendarmes de ese penal a los internos luego que dos de ellos intentaran fugarse. El hecho gatilló una serie de críticas a las que se sumaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el gobierno quienes rechazaron dicha violencia y se refirieron a los hechos como una tortura.

El Ministro de Justicia José Antonio Gómez señaló en la oportunidad que los hechos fueron denunciados en el año 2013 y que las autoridades de la época no hicieron nada respecto a este tema ya que se hizo un sumario interno en Gendarmería que terminó con todos los involucrados absueltos por la institución. Por este motivo Gómez anunció la reapertura del sumario al interior de Gendarmería en dicho penal.