Bogotá. Un antiguo líder paramilitar, acusado de haber participado en la masacre de 69 campesinos en un caserío del norte de Colombia, fue capturado el lunes por agentes de la central de inteligencia tras una persecución de varios años, informaron las autoridades.

El director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz, dijo que la captura de Luis Francisco Robles, alias "Amaury", se produjo en una zona rural del municipio de Astrea (departamento del Cesar), al norte del país.

Sobre Robles estaban vigentes 12 órdenes de captura y 25 investigaciones por homicidio agravado, concierto para delinquir, homicidio múltiple, hurto calificado, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, entre otros delitos.

"Amaury", un antiguo militar que perteneció a las Fuerzas Especiales del Ejército, se unió a los escuadrones paramilitares y llegó a dirigir a unos 250 combatientes de esos grupos ilegales armados, reveló Muñoz.

"Es el autor material e intelectual del asesinato de cinco detectives del DAS, que fueron torturados y asesinados en Magangué, Bolívar, en 2002", dijo el director del organismo de seguridad.

"El capturado habría participado activamente, en febrero de 2000, en la masacre del corregimiento de Villa del Rosario, jurisdicción del municipio del Carmen de Bolívar, más conocida como la masacre de El Salado, donde fueron asesinadas 69 personas", explicó Muñoz.

De acuerdo con las autoridades, Robles se encontraba organizando un grupo ilegal armado para dedicarse a actividades de narcotráfico.

Los paramilitares son grupos armados que surgieron en la década de 1980 financiados por terratenientes, ganaderos, comerciantes y narcotraficantes para defenderse de los ataques de la guerrilla izquierdista.

Esos escuadrones, acusados de masacrar a miles de civiles en su lucha contra la guerrilla, lograron expulsar a los rebeldes izquierdistas de varias regiones del país en medio de sangrientas confrontaciones.

Los paramilitares, que contaron con el apoyo de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas, consolidaron en varias regiones bastiones militares y políticos.

En 2003 el ex presidente Álvaro Uribe inició una cuestionada negociación de paz que permitió que más de 31.000 combatientes paramilitares depusieran las armas y se reintegraran a la vida civil.

Pero la mayoría de los combatientes que se acogieron al proceso regresaron posteriormente a actividades ilegales, conformando grupos armados al servicio del narcotráfico.

La mayoría de los jefes paramilitares fueron extraditados por Uribe a Estados Unidos, acusados de incumplir los acuerdos de paz y de estar comprometidos en actividades de narcotráfico desde la cárcel en donde permanecían confinados para cumplir condenas cortas.