Mientras en Europa varios países debaten sobre la posibilidad de crear normas para restringir el ingreso de migrantes (Suiza discutía un referendo para prohibirles el acceso a beneficios estatales) y en Estados Unidos es factor de polémica para algunos sectores conservadores el tema de los latinos, Colombia sigue sin resolver el debate en torno a la forma de garantizar el respeto por los derechos de las mal llamadas minorías raciales, que al menos en el papel están consagradas desde hace muchos años.

Como suele ser costumbre, en el país muchos piensan que lo que se necesita es una ley, como ocurre en esta oportunidad con una iniciativa del movimiento político MIRA, según la cual en Colombia deben existir penas de tres a seis años de prisión para quienes incurran en discriminación racial, propuesta que por lo demás acaba de ser aprobada en primer debate en la Comisión Primera de Senado.

De acuerdo con Carlos Baena, autor del proyecto, el diagnóstico sobre la discriminación étnica y racial presenta un panorama desolador. La exposición de motivos sostiene que la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera padece altos índices de necesidades básicas insatisfechas y las regiones en donde se concentra la mayor parte de esta población se encuentran entre las más pobres del país.

Sin embargo, su propuesta parece incurrir en los defectos de tantas otras radicadas en el Congreso. Por ejemplo, una de las discusiones más candentes a finales del siglo pasado en Colombia era el incremento de la práctica del secuestro, que el Congreso decidió atacar a través del Estatuto Antisecuestro. Aunque la norma fue aprobada, el flagelo no cedió.

Otro tanto podría decirse de las normas diseñadas para garantizar derechos como el de la salud, cuyo panorama, pese a la masificación de carnés de servicio público, es una bomba de tiempo.
En cuanto al racismo se refiere, vale la pena preguntarse antes qué es discriminación. ¿Cuáles son las formas solapadas de discriminación?, y, ¿qué comunidades la padecen? Porque no sólo afecta a las negritudes y a los indígenas. En el campesinado colombiano hay otro buen ejemplo.

Ahora bien, ¿la imposición de una pena garantiza que el fenómeno se extinga? Y si es mediante penas, ¿vale lo mismo negar el acceso a un servicio público a un afrodescendiente que cometer masacres como las de los paramilitares, cuya condena no supera los seis años?

El debate parece interminable, pero resulta conveniente abordarlo cuanto antes. Para la ex representante a la Cámara por las negritudes María Isabel Urrutia, este es un tema que estaba pendiente y que ella había presentado durante su paso por el Legislativo. “La gente dice que no todo se debe penalizar para que funcione, pero creo que en el tema del racismo es importante hacerlo, pero habrá que acompañarlas con campañas pedagógicas”, enfatizó la ex congresista de la medalla de oro en los Olímpicos de Sidney.

Sin embargo, otro sector de las negritudes mantiene cierta distancia con el tema de la penalización del racismo. José Santos Caicedo, miembro del equipo de coordinación nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN), afirma que aunque es importante normatizar el tema de la discriminación, no cree que con prohibiciones se acaben estas acciones. “Es una cuestión de mentalidad, no de leyes”, aseveró.

Pero, más allá de lo novedoso que resulte que se aplique la privación de la libertad a quienes, por ejemplo, hagan chistes racistas, algunos analistas se preguntan cómo va a funcionar operativamente esta norma: ¿quién tendrá que demostrar que actuó bien o mal, cuánto durará un litigio y, para ir más al fondo, si esta medida logrará eliminar el racismo?

En este sentido, Daniel Mera, columnista de El Espectador, anotó: “No estoy de acuerdo con la cárcel, porque no quiero ver en ese lío a algunos negros que combaten el racismo con racismo. Hay formas más efectivas de lograr ese cambio cultural”.

En lo que casi todos coinciden es en que el tema del racismo es de fondo y que habrá de ser tratado desde tribunas distintas a la penal, porque lo que está en la médula del problema es un asunto social y cultural, un tema de inequidad, de falta de oportunidades y de tolerancia, que a pesar de los derechos humanos, de los cientos de tratados internacionales sobre la igualdad, de los comerciales de niños de diferentes colores compartiendo un producto, nuestra fragmentada sociedad no ha podido superar. Como dijo Urrutia: “Lamentablemente esto no sólo es el racismo, sino que nos quedamos en la Conquista: racismo y clasismo”.

Con el trámite de esta iniciativa se busca acabar, por ley, con actos racistas como los que han ocurrido en Cartagena, donde a dos mujeres afrodescendientes se les negó el acceso a las discotecas El Kukayito y La Carbonera, ubicadas en uno de los sectores más selectos de la capital de Bolívar, caso por el cual la Corte Constitucional ordenó una indemnización de $100 millones por los daños morales generados a estas mujeres.