Cerca de la medianoche de este miércoles, el Consejo de Educación Superior (CES) organizó un operativo para colocar los sellos de suspensión definitiva en 14 universidades del país.

Adelantándose a la lectura del informe final sobre la evaluación de las 26 universidades colocadas en categoría E, René Ramírez, presidente del organismo, en compañía de funcionarios de la Intendencia de Policía y de los medios públicos y oficiales, colocaron los adhesivos en las puertas de ingreso de ocho instituciones de educación superior (IES), en los que se leía: “Suspendida por falta de calidad académica”.

La medida sorprendió a Elizabeth Hernández, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Quito, quien llegó ayer por la mañana, en medio de la pertinaz llovizna, para averiguar en la sede del centro de estudios sobre la situación de la universidad. No pudo entrar porque la Policía se lo impidió.

Ningún empleado, estudiante o autoridad podía ingresar. “Esto es una ofensa, cerraron la universidad a la medianoche, como si se tratara de un night club o de un centro nocturno; necesitamos una explicación, ¿qué va a pasar con nosotros, los estudiantes?; aquí he puesto esfuerzo, tiempo y dinero”, dijo visiblemente preocupada.

Hólger Capa, integrante del Consejo, explicó que la colocación de sellos en el ingreso de las universidades fue necesaria debido a que se tuvo conocimiento de que a la medianoche las autoridades de esas instituciones empezaron a sacar los bienes y documentos.

“Este es un golpe a la mercantilización, a la estafa, al fraude y la mala calidad de la educación superior del país... hemos sido víctimas los estudiantes, egresados, graduados y profesionales de una gran mentira social, de una educación superior que frecuentemente ha sido una estafa”.

Pasadas las 10:30, en medio de un control estricto de la Policía en el exsenado de la Asamblea, los integrantes de los consejos de Educación Superior y Acreditación hicieron el anuncio.

Guillaume Long, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), justificó el cierre: “Este es un golpe a la mercantilización, a la estafa, al fraude y la mala calidad de la educación superior del país... hemos sido víctimas los estudiantes, egresados, graduados y profesionales de una gran mentira social, de una educación superior que frecuentemente ha sido una estafa”.

El Consejo, por unanimidad, resolvió colocar a las 26 universidades en tres subgrupos: 14 de ellas en las universidades no aceptables, por lo que fueron suspendidas definitivamente.

En este grupo están ubicadas las IES que no cumplen con los parámetros de calidad. La decisión es inapelable y un administrador asumirá desde hoy su control. Los sellos serán retirados en presencia de un notario e integrante del Consejo de Educación. El exrector deberá entregar el establecimiento y los documentos al nuevo administrador.

El segundo grupo, en donde se encuentran tres centros, fue considerado aceptable, es decir, que cumplen satisfactoriamente los parámetros de calidad. La Universidad Politécnica Estatal de Carchi, Tecnológica Empresarial de Guayaquil y de Especialidades Turísticas se ubicarán transitoriamente en la categoría D.

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En un tercer grupo, ocho universidades cumplieron parcialmente con la evaluación, pero deberán sujetarse a una depuración interna, no podrán ofertar matrículas en carreras a distancia, tampoco en centros de apoyo o extensiones que funcionen en convenio con otras instituciones de educación superior.

Tampoco ofertarán matrículas en las carreras en donde sus estudiantes obtuvieron menos de 450 puntos en el examen de conocimientos que aplicó el Ceaaces el pasado 4 de marzo a los estudiantes de último año. Este grupo también subió a categoría D.

En el caso de la Universidad Indígena Amawtay Wasi, por contar con demanda ganada en la Corte Constitucional, entra a una nueva evaluación intercultural que durará un año.

Después de conocer la decisión, estudiantes de las universidades Tecnológica América Unita, Autónoma de Quito y Cristiana Latinoamericana marcharon por la avenida 10 de Agosto hacia Carondelet, en donde les recibió el delegado del presidente, Francisco La Torre.

Con asombro recibió ayer el rector de la Universidad Og Mandino, Jesús Vintimilla, la noticia de clausura del centro educativo. Tras la noticia, anunció una acción extraordinaria de protección, otra acción ante la Corte Constitucional y una última a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Luego del cierre de estos centros, tanto estudiantes como docentes deberán acogerse al Plan de Contingencia del Consejo de Educación Superior. A partir de hoy deben inscribirse de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad, empezando con el 1 y el 2. El 16 de abril deberán registrarse los docentes para ser contemplados en la selección de maestros que darán clases en las carreras de titulación especial y del sistema de nivelación y admisión.

 

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