La persona que fume en espacios o lugares considerados como 100% libres de humo será multada con US$60 y, en caso de reincidencia, deberá pagar el valor de una remuneración básica unificada.

Así lo determina el texto del proyecto de Ley de Control y Regulación del Tabaco, que ayer entró a trámite en segundo debate en la Asamblea.

Para la aplicación de esta ley se considerarán espacios libres de humo todas las áreas públicas y privadas cerradas que sean lugares de trabajo; los espacios cerrados de acceso público; los cerrados o abiertos, sean públicos y privados, que correspondan a dependencias de salud y de educación de todo nivel, excepto los espacios abiertos de los establecimientos de educación superior debidamente señalizados.

También las áreas de transporte público en general y terminales de transporte terrestre, marítimo y aéreo; excepto las zonas abiertas destinadas a fumadores.

El sector oficialista apoyó el documento en discusión, mientras que las minorías plantearon algunas observaciones en el marco de la defensa de las libertades del individuo.

El asambleísta Andrés Páez (ID) manifestó que en una sociedad democrática se debe ahondar en la prevención del consumo, pero la ley apunta a aplicar normas “intolerantes”, pues van a necesitar cientos de policías y militares para identificar a los infractores.

Cuestionó que en el proyecto solo se hayan incluido dos artículos para acciones educativas de prevención y hayan privilegiado textos punitivos.

Fernando Aguirre (PSP) aclaró que no le gusta el cigarrillo, pero que respeta siempre a sus compañeros y que esa es la libertad que se debe proteger.

“La ley pretende convertirse en una herramienta de persecución de quienes fuman, porque se habla de un registro de infractores”, criticó.

María Alejandra Vicuña (AP) planteó la necesidad de incorporar a la discusión del proyecto a los gobiernos autónomos descentralizados para que tengan un mejor control y prevención del consumo del tabaco.

Su coideario César Rodríguez dijo que este debate es delicado porque se busca proteger al no fumador y respetar el derecho del que fuma; de ahí que se debe apuntar a un equilibrio al aprobar los textos.

En el debate se expusieron videos de las consecuencias del consumo del tabaco y se mostraron gráficas sobre casos de víctimas de cáncer.