Washington/ Phoenix. El Departamento de Justicia estadounidense demandó este jueves a un sheriff de Arizona por negarse a cooperar con su investigación sobre las acusaciones que indican que él discrimina a los hispanos en su programa de medidas contra la inmigración ilegal.

El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, ha realizado redadas regulares para intentar controlar a los inmigrantes ilegales y contrabandistas en el estado, que lidia con la mayoría de las personas que intentan escabullirse dentro de Estados Unidos desde México.

Las medidas de Arpaio contra los inmigrantes ilegales sacaron a relucir el tema a nivel nacional. El gobierno del presidente Barack Obama se encuentra en medio de una disputa legal con Arizona sobre una estricta nueva ley contra la inmigración ilegal, aprobada por el estado en abril.

El Departamento de Justicia negoció con Arpaio para obtener documentos relacionados al programa de medidas, además de acceso a las cárceles del condado, pero las conversaciones fueron interrumpidas y la agencia presentó una demanda para obligarlo a cooperar con la investigación.

"Es lamentable que el departamento fuera forzado a recurrir a un litigio para tener acceso a documentos e instalaciones públicas", dijo en un comunicado Thomas Perez, asistente del fiscal general para la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.

Activistas hispanos y de derechos civiles y autoridades cívicas criticaron las redadas de Arpaio como un equivalente de la discriminación étnica, acusación que el oficial niega.

El sheriff dijo en un comunicado que durante una reunión la semana pasada con funcionarios del Departamento de Justicia sus abogados se comprometieron a cooperar, y ofrecieron acceso a su personal y sus instalaciones carcelarias.

"Ellos sonrieron en nuestro rostro y después nos apuñalaron por la espalda con esta demanda (...) El gobierno del presidente Obama tenía previsto demandar desde mucho tiempo antes, sin importar lo que hiciéramos para tratar de impedirlo", dijo Arpaio.

En julio, una jueza federal de Arizona impidió que el estado pusiera en práctica la estricta nueva ley inmigratoria, que habría exigido a la policía determinar el estatus inmigratorio de una persona detenida o arrestada, si el oficial creía que el individuo no estaba en el país de forma legal.

La división de derechos civiles del Departamento comenzó su investigación hace más de dos años tras acusaciones de que la oficina del sheriff estaba involucrada en conductas discriminatorias.

En marzo pasado, el Departamento de Justicia solicitó una serie de documentos y avisó a la oficina del sheriff que la investigación también incluiría la revisión de instalaciones, así como entrevistas con funcionarios de alto rango, oficiales de línea y reclusos.

El Departamento de Justicia dijo que debido a que la oficina del sheriff ha recibido millones de dólares en financiamiento federal, Arpaio y sus hombres están obligados a cooperar con la investigación federal.

"La negativa a cooperar con solicitudes razonables de información relativas al uso de fondos federales es una violación de (sus) obligaciones reglamentarias, regulatorias y contractuales", dijo el Departamento de Justicia en su demanda.