Bogotá. Hace más de un año un grupo de oficiales de inteligencia de la Policía colombiana lograron penetrar las minas de oro que son explotadas en El Bagre, Nechí y en la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar. La misión, según sus propios testimonios, estuvo llena de obstáculos porque el dominio que ejercen las FARC es casi absoluto, “entonces había que saber llegar; preparamos durante un par de meses a unos agentes y oficiales que son oriundos de esta zona del Magdalena Medio y, de hecho, conocían el tema minero muy bien y fue cuando nos dimos cuenta de que no era tan sencillo”.

Así empezó su relato a El Espectador uno de los oficiales que estableció que las FARC, ni más ni menos, resultaron controlando 15 minas de oro en Bolívar. Un rentable negocio que se suma a la extorsión continuada a los dueños de 200 retroexcavadoras apostadas en El Bagre y Nechí. La guerrilla los “vacuna” con $5 millones (US$2.639) a cada uno sólo para iniciar sus operaciones y otros $3 millones (US$1.583) adicionales durante el tiempo que allí permanezcan. El oficial de inteligencia le pone números redondos: “Estamos hablando de que las FARC reciben cerca de $1.600 millones (US$844.733) al año por este concepto”.

Y añade: “Eso sin contar con lo que alcanzan a explotar en sus propias minas, donde sacan oro de 24 quilates, y cada onza puede costar en el mercado US$1.240”. El curtido investigador, quien permaneció cerca de un año en el Magdalena Medio y en el sur de Bolívar haciéndose pasar por minero y por comprador de oro, conoció las minucias del centro alterno de finanzas de las FARC, los detalles del lucrativo negocio y los documentos que soportan la red de testaferros que prestaron sus nombres para legalizar la actividad en las minas.

Pronto la Policía logró hacer una radiografía de este escenario, los enlaces de las FARC y las jerarquías. Entonces quedó en evidencia que el ‘dueño’ de todo este territorio es el bloque Magdalena Medio, cuyo jefe máximo es alias Pastor Alape, recién ascendido al secretariado de las FARC en reemplazo del Mono Jojoy, y que era la compañía Gerardo Guevara, al mando de alias El Flaco Ramiro o Comandante Ají la que tenía la orden de hacer presencia militar en la región e intimidar a la población civil y a los mineros.

Así, buena parte de la tajada económica de la producción minera en el sur de Bolívar, que rondó los $20.000 millones (US$10,5 millones) en 2009, fue a parar a manos llenas a la guerrilla. Ese año fue particularmente bueno en materia de recaudo para las FARC, según constataron los investigadores de la Policía. Para enfrentar este fenómeno los mandos militares diseñaron una milimétrica operación denominada ‘Cacería’: los uniformados rastreaban al personal que entrara y saliera de la zona y la Policía pudo infiltrar a cuatro ‘mineros’ al servicio del grupo ilegal y otros 10 compradores de oro y administradores.

Uno de los oficiales logró convertirse casi que en la sombra de alias El Flaco Ramiro, al punto de acompañarlo en largas jornadas en los bares de cada pueblo de la zona. La policía se percató de que el subversivo tenía dos debilidades —aparte de las mujeres—: le gustaba tomar trago todos los fines de semana y comprar relojes de oro. Su adicción por el licor lo expuso demasiado y el 5 de noviembre pasado unidades de Policía y Ejército lo sorprendieron en una cantina de la vereda La Corona, jurisdicción de El Bagre, y tras un corto intercambio de disparos, cayó abatido la mano derecha en el tema minero del jefe del secretariado Pastor Alape.

Ahora, estas mismas unidades de inteligencia de la Policía andan detrás de las huellas de los testaferros de las FARC que administran cerca de 48.900 hectáreas de tierras productivas. La escalofriante cifra fue hallada en uno de los correos del computador del Mono Jojoy. En el mencionado documento se lee que estas tierras estarían en Meta, Guaviare, Norte de Santander, Caquetá y Putumayo. También se habla de algunas hectáreas en Bolívar. Las autoridades guardan absoluta reserva sobre este tema, porque consideran que podría ser el rubro más importante del sostenimiento de las FARC, sólo superado por las cifras exorbitantes del narcotráfico y la extorsión.

En estas tierras, de acuerdo con las primeras informaciones en poder de los investigadores y la Fiscalía, las FARC tendrían cultivos propios, comercializarían ganado a gran escala y aprovecharían esta fachada para lavar dinero a granel. Ya las autoridades han documentado los tentáculos de la guerrilla en el mercado minero, cómo lograron mimetizar sus recursos ilegales y darle un zarpazo a esta economía.