Bilbao. ETA ha remitido una carta a los empresarios navarros en la que da por cancelado el llamado "impuesto revolucionario", con el que la banda lleva décadas extorsionando a compañías del País Vasco y Navarra para financiarse, según reveló este jueves el presidente de la patronal navarra, José Antonio Sarría.

En una rueda de prensa celebrada en Pamplona, Sarría dijo que la misiva de ETA iba dirigida a él mismo y en ella la organización armada le solicitaba que pusiera en conocimiento tanto de los empresarios como de la sociedad en general que "la exigencia del pago del impuesto revolucionario, como ellos le llaman, es decir, las cartas de extorsión, ha quedado cancelada".

La decisión de ETA se produce, según se añade en la carta, "como una consecuencia del alto el fuego permanente y general que está en vigor desde el día 10 de enero".

La banda armada explica además que envía la carta al presidente de la Confederación de Empresarios Navarros (CEN) porque tiene en cuenta "la fuerza e influencia del sector social que usted preside".

El presidente de la patronal navarra recibió la carta de ETA el pasado 26 de abril y tras confirmar la autenticidad de la misiva "por los métodos habituales" decidió hacerla pública.

En cualquier caso, Sarría reclamó "prudencia", porque "llevamos 50 años de terrorismo y hemos visto situaciones en las que también se han declarado altos el fuego que se han derogado".

"El tiempo nos dirá si esto ha desaparecido o no ha desaparecido", añadió.

ETA ha obtenido financiación para realizar sus acciones violentos por medio de los secuestros y la extorsión a empresarios mediante la exigencia del pago del denominado "impuesto revolucionario", dejando atrás los atracos a bancos de los primeros años.

Además, si en un principio la extorsión iba dirigida a grandes empresarios, en los últimos tiempos había extendido su exigencia de pago del "impuesto" a pequeños empresarios y profesionales liberales y había incrementado a la cifra a pagar con cantidades que iban de los 20.000 a los 130.000 euros, según datos revelados en diferentes momentos por las organizaciones empresariales.

Métodos de financiamiento. ETA ha obtenido financiación para realizar sus acciones violentos por medio de los secuestros y la extorsión a empresarios mediante la exigencia del pago del denominado "impuesto revolucionario", dejando atrás los atracos a bancos de los primeros años.

Además, si en un principio la extorsión iba dirigida a grandes empresarios, en los últimos tiempos había extendido su exigencia de pago del "impuesto" a pequeños empresarios y profesionales liberales y había incrementado a la cifra a pagar con cantidades que iban de los 20.000 a los 130.000 euros, según datos revelados en diferentes momentos por las organizaciones empresariales.

Las cartas de extorsión de ETA incluían amenazas a los empresarios y en ellas era habitual señalar que "de no proceder al pago se convertirá automáticamente (usted y sus bienes) en objetivo policial de ETA. Lo mismo sucederá si acude a cualquier cuerpo policial".

De hecho, varios empresarios sufrieron las consecuencias de este amenaza, los dos últimos el caso del entonces presidente de los empresarios guipuzcoanos, Joxe Mari Korta, asesinado en 2000 tras la explosión de un coche bomba o el atentando contra José María Ruiz de Urchegui en 1996, quien salvó la vida a pesar de la bomba lapa colocada en su vehículo.

Paralelamente, las fuerzas policiales han realizado numerosas actuaciones que han desmantelado en parte el aparato de financiación de ETA. Por ejemplo, la "operación Easo" de la Ertzaintza en 1992 o la denominada "Diru Gutxi" (Poco Dinero) en la que los extorsionadores fueron grabados en vídeo y posteriormente detenidos.

ETA, que declaró el pasado enero una tregua "general y verificable" recibida con escepticismo por las autoridades españolas, reafirmó hace unos días en un comunicado su compromiso con el alto el fuego, y habló de la apertura de una "nueva era" en la política actual.