San Antonio. Decenas de ex agentes del orden público y ex diplomáticos estadounidenses solicitaron detener la ejecución de un inmigrante mexicano condenado a muerte en Texas, argumentando que significaría un riesgo para los estadounidenses procesados en el extranjero.

El grupo pidió al gobernador de Texas Rick Perry que perdonase la vida a Humberto Leal García Jr. porque no se permitió al ciudadano mexicano contactar con el consulado de México después de su arresto en 1994.

Leal, que ahora tiene 38 años, fue acusado de violar en Texas a una niña de 16 años y golpearla hasta la muerte con un trozo de asfalto de casi 16 kilos. Su ejecución está programada para el 7 de julio con una inyección letal.

Unas dos decenas de estadounidenses, incluido el ex director del FBI William Sessions, el ex gobernador de Texas Mark White y generales y almirantes militares jubilados le escribieron a Perry este miércoles, argumentando que la ejecución de Leal violaría la ley internacional.

El grupo, que también incluye a ex funcionarios del Departamento de Estado, dijo que eso supondría un riesgo para los ciudadanos estadounidenses en otros países -desde soldados hasta turistas- de que no se les permitiese asistencia consular si fuesen arrestados.

"La asistencia consular es una protección única e indispensable para ciudadanos extranjeros que no están familiarizados con el sistema judicial penal de Estados Unidos", dijeron los firmantes en la carta.

"Esto también se aplica a nuestros propios ciudadanos en el extranjero", añadió.

El embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, también ha pedido que se detenga la ejecución.

La portavoz de Perry Lucy Nashed contó a Reuters que "el gobernador tendrá que recibir una recomendación favorable de la Junta de Indultos y Libertad Condicional para considerar la clemencia solicitada".

Citan tratado consular. El grupo también argumentó que la ejecución de Leal violaría la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que garantiza a los residentes de países extranjeros el derecho a contactar a representantes de sus gobiernos cuando son arrestados.

Aunque el gobierno estadounidense firmó la convención de Viena, el Congreso no ha aprobado una ley que lo ponga en práctica.

Leal era un chico de 21 años de Monterrey, México, que trabajaba como mecánico en San Antonio cuando secuestró a una adolescente que conoció en una fiesta, según el expediente de su caso en el Departamento de Justicia Penal de Texas.

El cadáver desnudo de la adolescente fue encontrado cerca y las pruebas indicaban que había sido violada, sodomizada y finalmente golpeada con brutalidad hasta la muerte. Las cicatrices y cortes en la cara de Leal lo relacionaban con el asesinato.

Tras su detención, las autoridades de Texas deberían haberle permitido contactar al consulado mexicano, dijo Sandra Babcock, una profesora de derecho de la Universidad Northwestern que representa a Leal.

"Deberían haberle proporcionado un abogado defensor calificado y experimentado", dijo Babcock a Reuters. "Creo que la asistencia consular en este caso habría significado la diferencia entre vida y muerte, literalmente", agregó.

Leal, que fue defendido por un abogado designado por la corte, fue acusado de asesinato y condenado a muerte en 1995.

Texas ejecuta a muchos más criminales que ningún otro estado y eso ha causado desde hace tiempo fricciones con México, que no tiene pena de muerte. En el 2002, Texas ejecutó al ciudadano mexicano Javier Suárez Medina a pesar de las objeciones del entonces presidente Vicente Fox.

En el 2008, el caso de José Medellín, un ciudadano mexicano condenado por violación y asesinato en Texas, llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos por el tema de si se le había negado indebidamente asistencia consular. El también fue ejecutado.

En ese caso, la Corte Suprema falló 6-3 para que una ley internacional como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares fuese vinculante para los estados, el Congreso debía aprobar previamente leyes para ponerlas en práctica.