Tegucigalpa. Las autoridades hondureñas ordenaron cortar el servicio de telefonía móvil en las cárceles en un intento por reducir la violencia en el país: los pandilleros usan ese medio para sus actividades en el exterior y ajustar sus cuentas.

Las cárceles de Honduras son consideradas por las autoridades y organismos de derechos humanos como "bombas de tiempo" y "universidades del crimen", desde donde operan temibles pandillas, algunas de ellas ligadas al narcotráfico y al crimen organizado.

Entre la población penitenciaria, principalmente en las cárceles de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, las más temibles son las pandillas "M-13", conocida como "Mara Salvatrucha", y la "M-18".

Ambas "maras" (o bandas) dirigen sus crímenes desde la prisión utilizando teléfonos móviles, según la Policía Nacional. Estos aparatos ya superan a los 8,5 millones de habitantes que tiene Honduras.

A través de ellos las "maras" amplían las fórmulas de delinquir. Una de ellas es la extorsión. Especialmente a pequeños comerciantes, a quienes los llaman y les piden entre US$250 y US$500 por mes. Muchas de esas extorsiones telefónicas se hacían desde las cárceles.

La semana recién pasada el transporte urbano de Tegucigalpa paralizó la mayoría de sus unidades exigiéndole al gobierno acciones contra los extorsionadores, que les amenazan de muerte si no pagan.

Muchos teléfonos móviles de los delincuentes han sido localizados en varias cárceles del país, incluida la Granja Penal de Comayagua, centro, donde entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero de 2012 murieron quemados en un incendio 360 reos y la mujer de uno de ellos que se había quedado a dormir en la prisión.

El incendio de la cárcel fue "accidental", según una investigación hecha por expertos de Estados Unidos.

El sistema penitenciario del país alberga cerca de 13.000 reos en 24 cárceles que globalmente tienen capacidad para unos 8.000 según las autoridades, a lo que hay que sumar sus obsoletos edificios.

El presidente de Honduras dijo que el dinero que ganan las compañías telefónicas producto de las llamadas que se hacen desde las cárceles "manchan de sangre las conciencias de los ejecutivos y los dueños de estas empresas".