Lima. Un exjefe militar peruano, acusado de ser autor intelectual de la masacre de 69 campesinos en la comunidad andina de Acomarca en 1985, será incluido en el Programa de Recompensas para permitir su captura, anunció hoy el ministro del Interior, Carlos Basombrío.

El ministro confirmó que el general en retiro Wilfredo Mori Orzo y dos altos oficiales de su estado mayor serán buscados por la Policía peruana, y por su detención se ofrecerá una recompensa monetaria, luego que la justicia peruana lo sentenció a 25 años de prisión.

Basombrío precisó que en su próxima reunión la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad formalizará esta medida y decidirá cuánto dinero se ofrecerá por la captura del exjefe militar y sus dos subalternos.

La masacre de los campesinos, considerada un crimen de lesa humanidad por la justicia peruana, ocurrió en 1985 y entre sus víctimas figuraron mujeres gestantes, niños y ancianos, quienes fueron violados, asesinados a balazos y sus cuerpos quemados por una patrulla militar por órdenes impartidas por Mori.

Entre otros altos oficiales sentenciados, se encuentran los coroneles Nelson Gonzales, que era jefe de Estado Mayor, y Carlos Delgado, que integraban junto con el general Mori la jefatura de la II División del Ejército peruano en la zona surandina de Ayacucho al momento de la matanza.

La justicia peruana, luego de un dilatado proceso judicial, después de más de 30 años también determinó la culpabilidad de otros siete militares de baja graduación quienes participaron en estos hechos de sangre como ejecutores materiales.

De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en Acomarca, una comunidad de etnia quechua ubicada a 554 kilómetros al sureste de Lima, en total las personas masacradas fueron 27 mujeres, 30 niños y 12 hombres.

El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior de Perú también incluye a los criminales más peligrosos de este país, entre los que destacan asesinos, cabecillas del crimen organizado, violadores y narcotraficantes.

La medida adoptada de ofrecer recompensas por la captura de fugitivos de la justicia peruana es una iniciativa del gobierno del nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, para combatir la creciente criminalidad que azota a este país.