El 6 de octubre del 2013, los pobladores de Guatemala y Belice decidirán con un sí o un no el poner en manos de la Corte Internacional de Justicia la resolución del diferendo territorial insular y marítimo que lleva ya más de 150 años.
Esta es la primera vez que se abre una opción real de llegar a una solución derivada de una disputa que ha ocasionado relaciones tensas entre ambos países —Belice se independizó de Gran Bretaña en 1981—, e incluso la muerte de campesinos guatemaltecos agredidos por soldados beliceños.
Decisión pensada. El excanciller Eduardo Stein, así como el secretario ejecutivo de la Comisión de Belice, Gustavo Orellana, coinciden en que es vital que se impulse una campaña de divulgación, en la cual los ciudadanos deben estar conscientes de las implicaciones de su voto.
Según explicaron, dar el “sí” no implica el final del diferendo, ya que son dos los escenarios: si ambas naciones votan por el “sí” en la consulta, significa que también aceptan por válida la resolución de la Corte Internacional de Justicia y el diferendo llegaría a su fin, después de por lo menos cuatro años de litigio en La Haya, Holanda.
Si alguno de los dos, o ambos votan por el “no”, el diferendo continúa y se deben buscar otras opciones como arbitrajes, algo que no se ha logrado en 150 años de diferendo, pese a que se han dado varios intentos.
Costo de juicio. El proceso de juicio implicaría altos costos para las naciones y se buscaría apoyo internacional para sufragarlos, según ha precisado la Cancillería guatemalteca.
Stein refirió que esos gastos serán altos y citó como ejemplo que solo para contratar a un abogado internacionalista reconocido y que esté en disponibilidad para lo que el Gobierno le requiera y que no fuera contratado por otras partes —proceso llamado Retainer fee—, se le tendría que pagar US$10 mil al mes, además del costo para que actúe en otros procedimientos.
Hay que considerar que en general son equipos de abogados los que enfrentan estos procesos; y en el caso de Guatemala, según el secretario ejecutivo de la Comisión de Belice, se anticipa que sean de varias realidades jurídicas, como la estadounidense y europea, entre otros.
Preparativos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) espera que el gobernante haga la petición para realizar la consulta popular; sin embargo, ya se inició el análisis de costos y logística para celebrar el evento, aseguró el magistrado Ulises Gómez.
Agregó que se anticipa que tenga menos costo que la primera vuelta electoral porque tienen equipo de cómputo, mesas electorales y otros insumos; además, como se hará solo una pregunta, se usaráúnicamente una boleta.
El reto es romper el desconocimiento sobre el diferendo por la ciudadanía y por ello se hará una campaña de divulgación que comenzará en enero de 2013, en español y varios idiomas mayas, añadió.
La convocatoria a la consulta debe ser a más tardar en julio del 2013.
