Quito. Los militares continuarán a cargo de la seguridad de la Asamblea Nacional de Ecuador, según un decreto firmado por el presidente Rafael Correa dijo este jueves el diario oficial, para garantizar su funcionamiento a más de dos meses de una sublevación policial.

Correa declaró en estado de emergencia a la Asamblea Nacional por dos meses, tras un pedido del presidente del órgano para establecer esa función del Estado como zona de seguridad por su importancia estratégica y sus integrantes.

La seguridad de la Asamblea estaba a cargo de la policía, pero durante la sublevación de la fuerza del 30 de septiembre se encargó el resguardo de las instalaciones de la Asamblea y otras entidades clave a las Fuerzas Armadas.

Con la decisión, el gobierno busca desarrollar un plan de contingencia para que los militares intervengan en situaciones inesperadas como la protesta policial, que amenazó la seguridad de sus autoridades y los asambleístas.

"Declara el estado de excepción en todas las instalaciones de las Asamblea que representa la Función Legislativa (...) en razón de que algunos policías distorsionaron severamente o abandonaron su misión de policías nacionales", dijo el decreto publicado en el diario El Ciudadano.

Por la protesta, el Gobierno decretó en estado de emergencia al país. En octubre la medida se restringió a Quito, pero aún no existe un pronunciamiento sobre la permanencia o no de la medida en la capital.

No obstante, el mandatario quiso asegurar la presencia de militares en la Asamblea Nacional hasta febrero, independiente del decreto de emergencia que rige en la ciudad.

"A pesar del proceso intensivo de recomposición del sistema de seguridad de esa función, las secuelas de tal suceso no se han podido superar, lo que podría generar gran conmoción interna si es que la Asamblea no pudiese ejercer a plenitud sus atribuciones", agregó el decreto presidencial.

La sublevación terminó con el enfrentamiento a tiros de policías y militares, en un operativo que buscaba rescatar a Correa, que por horas permaneció en las instalaciones de un hospital policial tras ser agredido por uniformados de la fuerza.

El Gobierno ha calificado a la sublevación, que rechazaba un recorte de beneficios económicos, como un intento de golpe de Estado.

En la revuelta murieron ocho personas entre uniformados y civiles.

La Asamblea Nacional tuvo el jueves un fuerte resguardo militar ante manifestaciones pacíficas de diferentes sectores por el debate de una ley de educación general e intercultural.