Río de Janeiro. La Federación Nacional de Policías Federales de Brasil (FENAPEF) advirtió hoy que ningún ciudadano extranjero puede participar en las manifestaciones políticas en el país, bajo riesgo de ser detenido y expulsado.

En un comunicado, el presidente de la FENAPEF, Luis Boudens, afirmó que "vivimos en Brasil un momento de crisis política interna, pero no debemos ceder nuestra soberanía", después de que la prensa publicara estos últimoss días que varias personas de países vecinos están llegando al país para participar en las manifestaciones en favor de la presidenta Dilma Rousseff previstas para mañana domingo.

Concretamente, las informaciones señalan que la policia brasileña interceptó autobuses de ciudadanos de Argentina, Paraguay, Perú y Venezuela que se dirigían a la capital Brasilia para defender a la presidenta Dilma Rousseff, que se enfrenta a un juicio político.

Según el Estatuto del Extranjero de Brasil, "ningún extranjero puede participar en actividades de naturaleza política" y que de hacerlo se enfrentaría a penas de un año de detención y de tres años de expulsión del país.

La ley también establece la pena de expulsión del país para todos aquellos extranjeros que atenten contra la seguridad nacional, el orden público y la economía, o cuyo comportamiento sea considerado "nocivo para la convivencia y los intereses nacionales".

Dilma Rousseff se enfrenta a la apertura de un juicio que podría acabar con su destitución.

Mañana domingo, en una crucial votación, la oposición busca dos terceras partes de los diputados, es decir, 342 de los 513 parlamentarios, para que el proceso pase al Senado, donde apenas se necesitaría una mayoría simple de los 81 Senadores para que Rousseff sea apartada del cargo durante 180 días, mientras los senadores discuten si es destituida o no. En este tiempo, el vicepresidente Temer sería quien asumiría la presidencia.