Según estándares internacionales, debe haber un policía penitenciario para cada seis presidiarios, pero en cárceles hondureñas cada celador cuida a 17 presos. Se necesita la construcción de nueve recintos penitenciarios, que implicaría inversiones por US$44 millones.

Los reos que permanecen internos en la Penitenciaría Nacional son una bomba de tiempo, pero las debilidades que presenta la Policía Penitenciaria de Honduras parecen ser la mecha que está a punto de activarla.

El alto porcentaje de hacinamiento en las cárceles (por encima del estándar mundial de 120% planteado por la ONU), el poco o nulo proceso de rehabilitación y reinserción de los internos, la escasa motivación en el personal y la corrupción podrían llenar la lista de deficiencias que abaten al sistema penitenciario.

Pero a esto hay que sumar las serias debilidades que enfrenta el personal encargado de dar resguardo a los hombres que permanecen en el principal centro carcelario del país.

"Estamos de acuerdo con el ministro (de Seguridad, Óscar Álvarez) en que el sistema penitenciario está colapsado", dijo José Danilo Orellana, director de Centros Penales de la Policía Nacional.

Las carencias. La falta de recursos incide en la no construcción de centros, evita brindar mejores condiciones para los policías penitenciarios y mejorar el equipamiento en materia de seguridad. Un policía penitenciario devenga unos 6.000 lempiras, pero para llegar a formar parte de esas filas debe recibir adiestramiento en al menos 30 materias indispensables, a las que dedica unas 800 horas de estudio.

Este plan es una nueva combinación del programa de entrenamiento de la Escuela de Nuevo México, de Estados Unidos, y del Instituto Penitenciario de Colombia.

Para resguardar a los 12.500 internos hay unos 740 elementos penitenciarios, es decir que hay una persona por cada 17 reos. De esos 740, unos 700 son de la escala básica, 27 oficiales y 13 personal auxiliar.

Los estándares mundiales, detalló el director de Centros Penales, señalan que debe haber un policía por cada seis privados de libertad.

Eso significa que en Honduras casi se triplica el estándar mundial. El elevado número de reos por cada policía obliga a los agentes incluso a trabajar doble horario. "Pero el ministro ya nos aprobó el primer contingente de 150 hombres y en junio otros cien hombres se sumarán a nosotros", dijo Orellana. A pesar de todo, apuntó Orellana, se ha avanzado y el año anterior se redujeron las muertes violentas y naturales en un 67%, y disminuyeron las evasiones y aumentaron los operativos, con unos 800 en doce meses.

La policía penitenciaria. El director de Centros Penales destacó que se están realizando acciones para mejorar la situación de las cárceles.

En primer lugar se capacita y se depura el personal, se buscan inversiones público-privadas para la construcción de centros penales y se hacen estrategias con países amigos para generar un sistema penitenciario acorde a la realidad.

En Estados Unidos se adiestran 75 personas en tareas de policías penitenciarios, traslado de internos y derecho penitenciario.

También se entrenará un grupo de policías para que trabaje con perros para la detección de sustancias no permitidas en los centros penitenciarios.

La Escuela Penitenciaria es un proyecto que ya egresó los primeros 150 elementos el año anterior y para este año hay 130 elementos que podrían terminar el curso.

El incremento en las exigencias para ser policía penitenciario se ve reflejado en los requisitos que solicitan las autoridades.

Antes se pedía un nivel educativo de escolaridad básica, o sea que solo se debía haber cursado el sexto grado de educación primaria. Hoy, la exigencia es al menos tener una profesión secundaria.

Las tareas de depuración también son parte del proyecto de mejoramiento.

Los bajos salarios y el convivir con los delincuentes a diario exponen a los policías penitenciarios a cometer ilícitos. Han sido separados cerca de una docena de policías penitenciarios.

Peligro en los centros. En la Penitenciaría Marco Aurelio Soto, en San Pedro Sula, hay un hacinamiento del 160% y en Puerto Cortés es del 170%.

La ONU sostiene que los márgenes aceptables son 120%, más arriba de ese número se considera una situación "peligrosa".

Actualmente solo en la penitenciaría Marco Aurelio Soto se hacen trabajos de ampliación.

Allí se construyen dos módulos: uno especial administrativo (nivel medio) y uno de máxima seguridad. Se espera que para junio se tenga lista esta última.

Adicionalmente se ha creado un departamento de rehabilitación y reinserción social. En junio próximo se realizará la licitación para buscar la empresa que construirá esa nueva instalación.

Convenio para construción de recintos penitenciarios. La Policía pretende usar la ley de Asociación Público-Privada (APP) para gestionar convenios con empresas extranjeras para que construyan varios centros penitenciarios.

En San Pedro Sula se debe construir uno en Río Nance y otro en La Ceiba, donde se quitará el que está en el barrio Inglés (con 300 presos), y hacer uno solo en El Porvenir (donde hay 400), que tenga capacidad para 1,500 privados de libertad.

En Santa Bárbara y Comayagua también se deben edificar dos centros penales, para 1,500 reos cada uno.

Para construir unos nueve centros penales, algo que urge, se necesitan 850 millones de lempiras (US$44 millones).

Estas instalaciones deben poseer talleres, escuelas, canchas deportivas y un pequeño hospital; son como pequeñas ciudades.

Retos. La Policía contabiliza 12,500 internos distribuidos en 24 centros penales y penitenciarías que posee la Secretaría de Seguridad. De esos, solo la mitad están condenados, es decir que tienen una sentencia.

Y de los condenados solo un 50 por ciento más o menos, o sea unos 3,000, participa de los débiles y superficiales proyectos de rehabilitación, según las cifras del director de Centros Penales.

Esta realidad podría tomarse como un termómetro para medir el incumplimiento de uno de los fines primordiales de los centros penales del país: la rehabilitación de los delincuentes.

De esta forma, una victoria frente a la delincuencia y el crimen parece muy lejana.

Muchos creen que los altos índices de criminalidad que afectan actualmente el país tienen serías vinculaciones con la carencia de procesos de rehabilitación en los centros penales, a parte de las falencias en el sistema de investigación, la impunidad y la corrupción policial.

¿Rehabilitación? Pero las autoridades policiales añaden otro elemento esencial, para ellas, en esa lista: presupuesto.

José Luis Muñoz, director de la Policía Nacional, dijo que el presupuesto actual de los centros penitenciarios es tan precario que un interno come con 13 lempiras al día. "Eso es lo que permite el presupuesto, es un promedio de cuatro lempiras y fracción por tiempo (de comida)", detalló Muñoz Licona.

El jefe policial preguntó "¿qué se le puede dar con cuatro lempiras...? ¿Se le puede dar rehabilitación?"

Gobierno integra comisiones especiales. Dos comisiones especiales fueron integradas ayer por los representantes de los tres poderes del Estado en un encuentro realizado en horas de la tarde en Casa Presidencial.

Una de las comisiones se encargará de analizar el impacto financiero que representaría el fortalecimiento logístico de la Policía Nacional a través de la Secretaría de Seguridad, con el fin de fortalecer el combate a la delincuencia y la criminalidad en Honduras.

La otra comisión, integrada por profesionales del derecho de los tres poderes de Estado, se encargará de analizar los alcances de las reformas que se han propuesto al Código Penal y otras leyes, en el marco del respeto a los derechos humanos en Honduras.

Ambas comisiones fueron integradas a través de la comisión interinstitucional que encabeza el presidente Porfirio Lobo y que integran los tres poderes del Estado, además de las secretarías de Defensa, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, entre otras, para reorientar la lucha contra el crimen y la delincuencia.