La fiscalía sudafricana retiró provisionalmente este domingo los cargos de asesinato contra 270 mineros acusados ​​de ser cómplices en la muerte de 34 compañeros de trabajo que fallecieron a tiros por la policía, pero señaló que los implicados podrían volver a ser acusados cuando la investigación sea completada.

Los 270 mineros habían sido acusados en conformidad con una ley de la era del apartheid, bajo la cual se consideró que ellos tuvieron un "propósito común" en el asesinato de sus compañeros de trabajo.

El asesinato ocurrido el mes pasado de mineros en huelga por parte de la policía en la mina Marikana, del productor de platino Lonmin, fue el peor incidente de seguridad de este tipo desde el fin del gobierno de minoría blanca en 1994, y recordó escenas de la brutalidad estatal de la era del apartheid.

"Los cargos finales sólo se realizarán una vez que todas las investigaciones se hayan completado. Las acusaciones de asesinato en contra de los 270 sospechosos serán formalmente retiradas provisionalmente en la corte", dijo Nomgcobo Jiba, director interino de la fiscalía nacional sudafricana, en una conferencia de prensa televisada a nivel nacional.

En total, 44 personas murieron en la ola de violencia derivada por una huelga ilegal y un grave conflicto entre sindicatos rivales.

Altos miembros del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) habían expresado su consternación ante las acusaciones a los mineros.

"Todos estamos sorprendidos y confundidos por la estrategia legal de la fiscalía nacional", dijo el viernes en el Parlamento el presidente del CNA.

El nivel de apoyo del presidente Jacob Zuma ha bajado por los asesinatos y la manipulación del Estado en el caso, con la oposición diciendo que el mandatario está más interesado en proteger a la industria que a los mineros.