Bruselas. La Unión Europea decidió este jueves reforzar las sanciones contra Libia y pidió a Muammar Gaddafi que deje el poder de manera inmediata, pero hubo una fuerte división sobre si reconocer al movimiento opositor al líder libio.

Además, los ministros de Defensa de la OTAN, reunidos también en Bruselas, trataron la posibilidad de imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia, pero su secretario general, Anders Fogh Rasmussen, dijo que hace falta más planificación y que solo ocurrirá si hay una necesidad demostrable, una base legal clara y un firme apoyo regional.

Rasmussen, que dijo que hay un riesgo de que Libia se convierta en un estado fallido y dividido que podría ser refugio de terroristas, añadió que la OTAN tiene previsto enviar más buques al Mediterráneo.

La UE añadió cinco instituciones financieras libias, entre ellas el banco central y la Autoridad Libia de Inversiones, valorada en 70.000 millones de dólares, a su lista de sanciones, en la que ya hay 26 ciudadanos, entre ellos Gaddafi y su familia.

Los ministros de Asuntos Exteriores del bloque europeo estudiaron ampliar las sanciones a la compañía petrolera libia, lo que supondría cortar inmediatamente los fondos al Gobierno, pero no se espera una decisión sobre este asunto hasta la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno del viernes.

"El coronel Gaddafi debe dejar el poder inmediatamente", dice el borrador de conclusiones preparado para la cumbre de mañana.

"Libia debería embarcarse rápidamente en una transición ordenada a la democracia mediante un diálogo integrador. La Unión Europea está preparada para hablar con las nuevas autoridades libias de cara a ayudar a Libia a construir un estado constitucional", añade.

Como parte de los intentos de aumentar la presión sobre Gaddafi y apoyar la revuelta contra sus 41 años en el poder, Francia ha dicho que va a reconocer al Consejo Nacional Libio como único representante del pueblo libio, aunque ningún otro país europeo ha decidido seguir su ejemplo.

"No podemos apresurarnos unilateralmente a reconocer grupos", dijo un portavoz de la representante de política exterior de la UE, Catherine Ashton, una posición que apoyan Reino Unido, Alemania, España e Italia, entre otros.

Italia, antigua potencia colonial, tiene grandes inversiones en el país del norte de Africa, depende en gran medida del petróleo y el gas libio y teme una oleada de inmigrantes en sus costas, por lo que trata de garantizar que cualquier medida contra Gaddafi se adopte de manera colectiva.

España optó por una postura común europea.

"España apuesta por comunitarizar todas las decisiones que tengan que ver con Libia y con todos los procesos que se han abierto. Por tanto, si mañana se van a reunir los jefes de Estado y de Gobierno creo que es importante esperar a ese pronunciamiento", dijo la ministra española de Exteriores, Trinidad Jiménez, a periodistas en Bruselas.

Ante el contraataque de las fuerzas leales a Gaddafi, la presión sobre las potencias mundiales ha aumentado para que intervengan si quieren facilitar su expulsión del poder y la puesta en marcha de una transición.

Los rebeldes han reiterado su llamamiento a la imposición de una zona de exclusión aérea que les ayudaría a defender las ciudades que controlan en el noreste y el noroeste del país, pero hay pocas señales de que se vaya a adoptar esta decisión.

Diplomáticos europeos han dicho que sólo habría una base legal si hubiera pruebas claras de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra u otros abusos de las fuerzas de Gaddafi contra los civiles, y afirman que de momento no hay esas pruebas.

A no ser que se pueda recopilar documentación suficiente y se presente un caso claro al Consejo de Seguridad de la ONU, hay pocas posibilidades de que Rusia y China apoyen una resolución de la ONU que dé a la OTAN cobertura legal para imponer la zona de exclusión aérea.

Aparte de los obstáculos legales y diplomáticos, los analistas han destacado el costo de esta decisión, que podría alcanzar los 9.000 millones de dólares para un embargo aéreo completo durante seis meses, según el instituto de estudios estadounidense Centre for Strategic and Budgetary Assessments.