Lima. La Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) entregó 738,921 nuevos soles (más de US$240.000) a instituciones que promueven el desarrollo integral de la persona; estudiantes, deportistas y personas de bajos recursos económicos, entre junio y diciembre de 2014.

En este tiempo los beneficiarios fueron las comunidades nativas del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el Cuerpo General de Bomberos, la Policía de Salvataje, Fundación Peruana del Cáncer, comedores populares, asociaciones sin fines de lucro, pobladores de bajos recursos del Callao, entre otros.

Este apoyo se hizo realidad gracias a la modificación de la Resolución Jefatural N° 0527-2014-ONAGI-J, que permite entregar los premios no reclamados en los diferentes sorteos realizados en el país, precisó la Onagi a través de un comunicado.

De acuerdo a la nueva directiva N° 0001-ONAGI-DGAE, de Normas y Procedimientos para la Recepción, Registro, Custodia, Supervisión, Control y Adjudicación de Premios no Reclamados, se beneficia a los estudiantes, deportistas e instituciones sin fines de lucro.

También, favorece a las instituciones del Estado que requieran para dar protección, asistencia y apoyo a la población ante la ocurrencia de accidentes, emergencias o desastres naturales o provocados por la intervención humana.

Asimismo, se ha incorporado un mecanismo de subasta pública que en breve se ejecutará para los premios no reclamados.

En ese sentido, bienes como licores u otros objetos suntuosos que no sean compatibles con fines sociales serán vendidas mediante subasta pública con el fin de destinar el dinero a fines sociales.

Otra novedad de esta modificatoria, es sobre el canje de vales de consumo de los premios no reclamados, en dinero en efectivo, para que posteriormente sean adjudicados a uno o más beneficiarios.

Nuevos criterios de adjudicación

Según la nueva normativa, para la adjudicación de premios no reclamados deberán tenerse en cuenta la utilidad efectiva que el bien ha de tener para el beneficiado, las condiciones de vida y sus carencias sociales, así como el grado de beneficio y potencial aprovechamiento que el bien o servicio ha de aportar al beneficiado entre otros criterios.