Julio Londoño Paredes fue el jefe del equipo que defendió al país en el diferendo con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tribunal que terminó concediendo a los nicaragüenses una buena porción de mar antes considerado colombiano. Como semejante revés reduce el mapa del país y pone en riesgo la subsistencia económica de muchos sanandresanos que viven de la pesca, hoy llueven críticas sobre la defensa colombiana. En entrevista con El Espectador, Londoño analiza su labor y el fallo de la Corte.

-¿Cómo recibió el fallo?

-No sólo yo, sino todo el equipo de Colombia ante La Haya, lo recibimos con sorpresa, dolor e indignación, porque la argumentación de Colombia tuvo una extraordinaria solidez.

-¿Hubo algún error por parte de la defensa colombiana?

-La forma como trabajamos no tiene precedentes. Cada palabra, cada posición, cada criterio, fueron discutidos y concertados por días enteros. Fue un consenso complicado de conseguir, en el que estuvieron incluidos nuestros asesores internacionales. Y cuando se presentaron, las posiciones de Colombia eran unificadas y consultadas además con cada canciller colombiano. No hubo ningún canciller desde 1969 que no hubiera sido informado y no hubiera estado de acuerdo con nuestro procedimiento, que se armó en conjunto con el Gobierno.

-¿Hay vacíos jurídicos en el fallo?

-Las cortes son impredecibles. Uno no sabe qué decisión puedan adoptar. A nuestro juicio, la CIJ en este caso dejó de lado, por una parte, normas y principios fundamentales del derecho internacional, y por otra parte, las consideraciones que Colombia había expuesto con claridad, con transparencia y con un acervo probatorio muy importante. Me refiero, entre otras cosas, a la jurisdicción marítima de las islas de San Andrés y Providencia; la Corte no tuvo este particular suficientemente en cuenta. Además, trazar dos paralelos, uno al norte y otro al sur, pretendiendo semienclavar el archipiélago de San Andrés, fue un fallo que sorprendió a todo el mundo.

-¿Hasta a los nicaragüenses?

-Los nicaragüenses no tenían nada que perder y Colombia no tenía nada que ganar. Colombia iba a defenderse, Nicaragua a ver qué sacaba en una especie de pesca milagrosa. No olvidemos que Nicaragua iba por todo el archipiélago. Hoy, Colombia sigue teniendo en el Caribe occidental el mayor espacio marítimo de toda la región.

-¿Nicaragua seguirá demandando para buscar más territorio?

-No es imposible, es un país impredecible. Puede que siga haciéndolo.

-¿Nunca temieron que el fallo pudiera ser así?

-Jamás. Ni nosotros ni los abogados asesores de Colombia, entre los cuales había dos considerados los mejores del mundo. Para ellos también fue una sorpresa.

¿Qué salidas jurídicas o políticas está buscando el gobierno?

-De acuerdo al reglamento de la Corte y a la jurisprudencia de la misma, un fallo de esa instancia es inapelable. Sin embargo, la actitud de un Estado frente a un fallo de la Corte es más una consideración de política que jurídica. El gobierno de Colombia, hasta donde sé, analiza acciones a seguir en ese sentido. Se dice que la ministra mandará una nota al secretario general de la ONU, que posiblemente enviaría también una nota al secretario general de la OEA... acciones que tienen más carácter político que una acción jurídica prevista en los estatutos de la Corte.

También pueden pedir que la Corte haga una revisión del fallo...

Los recursos de revisión y de interpretación están establecidos en el estatuto de la Corte. Sin embargo, están circunscritos a normas sumamente precisas. En el caso de la interpretación, por ejemplo, hay un elemento fundamental y es que si la Corte pronuncia un fallo y las dos partes tienen interpretaciones diferentes del mismo, puede pedirse una interpretación, pero si una parte está de acuerdo y la otra no, pues no hay lugar a la interpretación. De todas maneras, el Gobierno puede estar considerando varias opciones. No descarto que pueda estar pensando en una revisión o interpretación, pero repito: eso tiene normas muy precisas.

-¿Qué ganamos con retirarnos del Pacto de Bogotá?

-El retiro serviría para controversias futuras con cualquier Estado firmante del Pacto —somos 15 de los 35 países del continente—. Sería simplemente para darle al Estado la potestad de utilizar cualquier procedimiento de solución pacífica, incluyendo en un momento determinado, si está de acuerdo, la jurisdicción de la CIJ. No se necesita ser parte del Pacto para solucionar una diferencia por cualquier procedimiento que sea acordado por otro Estado.

-Con la retirada del Pacto, ¿Colombia tendría que entrar a negociar con Nicaragua?

-El fallo entra a regir en forma inmediata y no está sujeto a una negociación entre las partes. Lo que no se debe descartar es que, en un área como el Caribe occidental, especialmente la costa Mosquitia nicaragüense y el archipiélago colombiano de San Andrés, hay una identidad y unas características comunes de sus habitantes, de sus intereses, y, en este sentido, concertar acuerdos de diferentes características es algo viable.

-¿Se contempló retirarse del Pacto de Bogotá antes de la demanda de Nicaragua?

-Se consideró en varias oportunidades. No se hizo porque el Gobierno no lo consideró adecuado, o porque las consultas que hizo en el seno de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no fueron favorables a esa línea de acciones.

-¿Cuál sería ahora la jugada más sabia del gobierno?

-A los que más nos ha dolido este fallo es a quienes trabajamos en esto, porque lo hicimos durante 11 años seguidos, con un esfuerzo extraordinario. De todas maneras, a mí me entusiasma que en Colombia, por primera vez, se ha visto hacia el Caribe. Ahora la gente sabe que tenemos unos cayos y una jurisdicción marítima, porque antes sólo se tenía en cuenta a San Andrés para ir de compras. Ahora la gente tiene más conciencia de patria en todos los estamentos nacionales, ha mirado hacia allá, a pesar de que sea en estas circunstancias.

Por eso tengo la seguridad de que Colombia hoy es más grande, porque siempre he sido un crítico de la indiferencia con que ciertos estamentos nacionales han visto la periferia del país. Nuestros cayos siguieron siendo colombianos. No debe olvidarse que el extremo septentrional de Colombia sigue siendo el cayo de Serranilla.

-¿Pero no era el agua igual de importante que los cayos?

-Los cayos generan mar. Algunos de esos generan espacios bien importantes, donde todavía se puede y se debe pescar, porque fueron reconocidos en su integridad. No fue solamente el pedazo de tierra, sino que eso tiene una proyección marítima y son áreas especialmente ricas en pesca y que seguirán siendo frecuentadas por los pescadores colombianos.

-¿Qué pasa si Santos decide desacatar el fallo?

-No sabemos exactamente. Están previstas algunas acciones, no en el estatuto de la CIJ, pero, por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 94, establece la posibilidad de acudir al Consejo de Seguridad. Es difícil prever qué pasará.

La población de San Andrés se queja por no haber sido consultada durante el juicio...

El gobierno llamó a varios sanandresanos para que ayudaran con sus opiniones. Recuerdo a dos de ellos: el doctor Ricardo Vargas Taylor, que fue embajador en Jamaica y negociador del tratado entre Colombia y Jamaica, y el doctor Ken Francis, que fue embajador en Jamaica y al que también se le pidieron opiniones. Además de eso, los diferentes ministros de Relaciones Exteriores de Colombia estuvieron en varias oportunidades informando a la población en San Andrés y Providencia. Todos los ministros estuvieron en San Andrés informando a la población y a las autoridades. Obviamente, el que toma la decisión final es el Gobierno, porque recoger todos los criterios de todas las personas resulta imposible. La posición y las necesidades de los sanandresanos se tuvieron en cuenta. Yo mismo, al cierre del proceso de audiencias, expresé vehementemente ante la Corte esa condición. Esto se puede verificar fácilmente.

-¿La Corte tuvo en cuenta ese factor social?

-A nuestro juicio, la Corte no dio el peso suficiente a esas preocupaciones que expresamos muy claramente. Basándose en algunos criterios y alguna jurisprudencia propia, no le dio el peso suficiente a esas necesidades de los habitantes de San Andrés.

Muchos dicen que el equipo negociador estaba liderado por un bogotano ajeno al mar...

Los que dicen eso son los que están precisamente en esas condiciones. Los reto a que me digan cuáles son los cayos que están en disputa. Yo fui el negociador de todos y cada uno de los tratados que firmó Colombia en el Caribe. Todos. Y los que se hicieron en el Pacífico también. Esas fronteras azules de Colombia las recorrí milla por milla, más que muchos marinos.

-Aparte de este, ¿en qué otros diferendos está en juego el territorio o el mar de Colombia?

-Tenemos pendiente el caso ya crónico de la delimitación de los espacios marítimos en el golfo de Venezuela y las áreas adyacentes. Eso viene desde 1969 y está paralizado desde hace bastante tiempo, no se ha vuelto a tratar. Entiendo que el gobierno de Venezuela no ha estado dispuesto a continuarlo.

-¿Qué viene para usted después de este proceso?

-Seguiré luchando por Colombia hasta el día en que se me acabe el aliento. Esa ha sido mi práctica, mi política. A mi familia le he transmitido el amor hacia cada esquina que hay en el país. Sigo entusiasmado por Colombia y dispuesto a seguir luchando y defendiendo el país como siempre lo he hecho, aunque me haya generado dificultades y problemas, por ejemplo en Nicaragua y Venezuela. Eso me tiene sin cuidado, porque pienso así y llevo la patria en el corazón.

San Andrés, de luto. El desconcierto sigue reinando en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya (CIJ). A pesar de que el presidente, Juan Manuel Santos, aseguró que no va ahorrar ningún esfuerzo para defender sus derechos, lo cierto es que la comunidad sanandresana está muy temerosas de los efectos que tenga el fallo en la práctica. Cerca de 700 de los más de 70.000 habitantes del archipiélago viven de la pesca artesanal y son los realmente afectados por el fallo.

Por eso hoy, vestidos de luto, sin banderas de ningún país, miles de isleños saldrán a las calles en una marcha pacífica. El domingo tienen planeado hacer otra. Varias cooperativas de pescadores raizales ven con preocupación el futuro y buscan opciones para no renunciar a su única fuente de ingresos: la pesca cerca a las aguas que hoy son de Nicaragua.

Costa Rica estudia la sentencia. Costa Rica señala que no ha tomado la decisión de participar en gestiones diplomáticas o jurídicas en relación con la sentencia de la CIJ. Su Ministerio de Relaciones Exteriores informó que “el gobierno está estudiando el fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia únicamente con el objeto de determinar si puede incidir sobre la situación jurídica de los espacios marítimos en el mar Caribe, que le corresponden a Costa Rica”, y recordó que en 2009 el país hizo una solicitud de intervención ante la CIJ para defender la posición jurídica en relación a los espacios marítimos costarricenses, con el objeto de que la Corte los tomara en cuenta a la hora de dictar su fallo. El 4 de mayo de 2011, la Corte negó su intervención y señaló que su fallo no afectaría los intereses de terceros países.

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