Buenos Aires. Carlos Beraldi, uno de los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, negó este lunes que la Justicia hubiera hallado documentos de origen ilegal cuando días atrás registró viviendas de la actual senadora opositora como parte de una investigación de presunta corrupción.

"Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos. En ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita", afirmó Beraldi en un comunicado difundido en el sitio de internet de Kirchner.

El diario Clarín había publicado este domingo que en la casa de Fernández en la villa turística patagónica de El Calafate se halló una bóveda en la que había información de inteligencia sobre la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, y el juez Claudio Bonadio, que investiga la supuesta trama de sobornos que tendría a la expresidenta como presunta líder de una asociación ilícita.

Beraldi consideró que en los registros ordenados por Bonadio se cometieron supuestas irregularidades. Entre ellas, mencionó que se le "impidió controlar" como abogado defensor el operativo llevado a cabo en una vivienda del barrio de Recoleta, en Buenos Aires.

Beraldi sostuvo que Bonadio "ordenó secuestrar" en los domicilios elementos que "no guardan relación con el objeto de la causa" y que forman parte del "ajuar del hogar, cuya incautación no tiene propósito"

Además, apuntó que la empleada del hogar y dos familiares de Fernández "sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar" cuando estaban limpiando el dormitorio de la exmandataria este sábado, dos días después del operativo.

"Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva reexposición al mismo ambiente. Por esa razón mi representada decidió no regresar a ese departamento", denunció.

Beraldi sostuvo que Bonadio "ordenó secuestrar" en los domicilios elementos que "no guardan relación con el objeto de la causa" y que forman parte del "ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación".

Los registros de las viviendas de la ex mandataria fueron autorizados por el Senado porque la legisladora está protegida por los fueros parlamentarios.

Bonadio emitió un informe en el que señaló que, de acuerdo con las pruebas ya recolectadas, en Argentina funcionó "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo", a saber Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).