La última semana ha tomado fuerza la propuesta para que se prohíba en Chile el aporte financiero de las empresas a las campañas políticas de los candidatos a la presidencia y a cargos a senadores, diputados y alcaldes.

Esto se debe al escándalo tributario descubierto recientemente por el Servicio de Impuestos Internos en el Grupo Empresarial PENTA, que entregó millonarias ayudas en pesos a senadores electos y a ex candidatos a la presidencia del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) y a un independiente.

El hecho consistió en la emisión de boletas falsas, a nombre de los cónyuges de los directivos de PENTA, para justificar gastos de la empresa y todo el dinero que devolvía el Servicio de Impuestos Internos (SII) se entregaba al Servel para apoyar a los candidatos.

Ese organismo denunció por "delito tributario" al director del Banco Penta, Hugo Bravo López, por la obtención irregular de devoluciones de impuestos a través de dos empresas de su propiedad.

PENTA tiene negocios por US$20.000 millones en los rubros seguros, financieros, salud, previsión, inmobiliarios y educación.

Por lo general, las grandes empresas entregan financiamiento a los políticos, quienes luego reciben peticiones para incluir en las leyes medidas que favorezcan a dichas entidades.

Uno de los más implicados en este caso es el senador de la UDI, Iván Moreira, quien "habría declarado en la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente por documentos de honorarios emitidos a PENTA por montos millonarios".

Otros nombres que habrían sido mencionados por Bravo son Pablo Zalaquett, ex candidato a senador; Laurence Golborne, candidato presidencial; y la senadora Ena von Baer, todos de la UDI, y el independiente Andrés Velasco, también candidato presidencial de Fuerza Pública.

Todos han negado conocer esos "aportes reservados" que se les entregaron a través del Servel, mientras continúan las investigaciones judiciales para determinar si se violó la ley electoral.

Hasta ahora no se ha informado si los nombres que han aparecido en la investigación emitieron "boletas truchas" o recibieron "aportes reservados" del Grupo PENTA sin entregar ningún documento a cambio. La diferencia es fundamental, pues la segunda se ajusta a la legalidad.

Muchos dudan que un candidato no se entere de los aportes que les hacen las empresas o los empresarios en forma reservada, y piensan que este método sirve únicamente para impedir que los votantes sepan quiénes financian las candidaturas.

Según José Antonio Viera-Gallo, ex ministro y presidente de Chile Transparente, ahora en el país existe bastante acogida para eliminar los "aportes reservados" que, por ley, pueden hacer las empresas y personas naturales a los candidatos a través del Servicio Electoral (Servel), que organiza los comicios.

Viera-Gallo planteó que se debe hacer un cambio y "debería incluir la prohibición de las empresas de contribuir con recursos a las campañas electorales" porque "la forma en que se financian las campañas electorales ha tocado fondo".

Opinó que "hoy la sociedad exige mayor transparencia y hay que evitar la captura del estado por parte del poder económico".

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, denunció esta semana que "no son las empresas las preocupadas de darles dinero a los políticos, sino que eran éstos quienes desfilan frente a las empresas pidiendo recursos".

Afirmó que tuvo el objetivo de provocar la discusión entre los que apuestan por seguir con un financiamiento privado de la política versus los que están por el financiamiento público.

Dijo que "no soy ni voy a ser un actor político. No me interesa", insistiendo en la necesidad de ir al fondo de la discusión sin ambages para que se defina definitivamente la relación entre los empresarios y la política.

Por ley, en Chile hay tres tipos de financiamiento a las campañas: el público (conocido por todos), el anónimo (conocido sólo por el candidato y el donante, con un tope de unos 1.000 dólares) y el reservado (sólo lo conoce quien hace el aporte y el Servel, y va entre unos 1.000 a 72.000 dólares.

Los expertos coinciden en que la ley debería subir el aporte del Estado a las campañas electorales, de tal manera que todos los candidatos cuenten con un piso común de partida que les permita competir en mayor igualdad de condiciones.

Plantean que a los partidos políticos se les debería aplicar la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, en lo referido a la transparencia activa de información en sus sitios web, y eliminar los "aportes reservados", que hasta han favorecido más a los partidos de derecha, siempre más asociados al empresariado.

Viera-Gallo indicó que el financiamiento a las campañas de los políticos "debe tener como contrapartida una exigencia de transparencia de los ingresos y gastos de los partidos, como ocurre en países como Alemania y México".

De ese modo, el financiamiento de una campaña electoral, realizado dentro de ciertos montos legales, no condicionaría la libertad del parlamentario para deliberar y resolver sobre los asuntos públicos.

La Cámara de Diputados acordó crear una comisión investigadora para esclarecer cualquier vinculo de grandes poderes económicos con la política y proponer medidas para regular de mejor forma la relación entre el dinero y los políticos.