Phoenix. Arizona apeló este jueves la decisión de una jueza de bloquear partes claves de una polémica ley del estado contra la inmigración ilegal, en tanto la policía de Phoenix arrestó a decenas de activistas que protestaban contra los puntos vigentes de la legislación.

Abogados de la gobernadora Jan Brewer y de Arizona solicitaron a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco que revoque un mandato judicial preliminar que prohíbe partes de la ley, conocida como SB 1070, y que considere de manera expedita la apelación del estado.

Las tensiones generadas por la ley encendieron un debate nacional sobre la inmigración, que se ha ido enconando durante décadas y promete jugar un rol relevante en las elecciones de noviembre, cuando los demócratas del presidente Barack Obama busquen retener el control del Congreso.

La jueza de distrito Susan Bolton bloqueó este miércoles los elementos más controvertidos de la ley, argumentando que los asuntos inmigratorios son responsabilidad del gobierno federal.

La ley ha recibido un amplio respaldo en Arizona, estado que limita con México, y en todo Estados Unidos, pero que fue rechazada por el presidente Barack Obama y por grupos de derechos humanos.

El Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos informó que Bolton había recibido correo con amenazas e insultos tras el fallo. Asimismo, asesores de un congresista que se opone a la legislación reportaron que hallaron una ventana rota y una bala en una oficina en Arizona.

Brewer emitió un comunicado diciendo que había presentado la apelación, pidiendo que las partes suspendidas "entren en vigor hasta tanto haya una decisión sobre los méritos de este caso". La opinión general es que el caso llegará hasta la Suprema Corte de Justicia.

Por su parte, el gobierno de México dijo en un comunicado de la cancillería que dará "seguimiento puntual tanto a la apelación de la suspensión provisional como al procedimiento de fondo, a fin de apoyar las acciones tendientes a obtener la anulación de la Ley SB1070 en el estado de Arizona".

El gobierno de México expresó este miércoles su satisfacción por la decisión de la jueza Bolton y consideró que era un primer paso en la dirección correcta.

En Arizona más de 88% de la población hispana es de origen mexicano y entre 400.000 y 530.000 son inmigrantes indocumentados, según cifras de la cancillería de ese país.

La legislatura de Arizona, controlada por los republicanos, aprobó la ley en abril para buscar que alrededor de un millón de inmigrantes ilegales abandonen el estado y detener el tráfico de personas y drogas a lo largo de la frontera con México.

Arrestos en las protestas.  Activistas hispanos y laborales, encantados con el fallo de Bolton, siguieron adelante con sus encuentros en el centro de Phoenix y gran cantidad de jornaleros se ofreció para trabajar abiertamente en la ciudad, desafiando las cláusulas sobrevivientes de la ley.

La policía arrestó a por lo menos 48 manifestantes que bloquearon las calles cercanas a la oficina del alguacil en el centro de la ciudad y la entrada a una cárcel.

Un testigo de Reuters vio a la policía antidisturbios deteniendo a los manifestantes, incluida una ministra religiosa de avanzada edad. Los manifestantes no ofrecieron resistencia y la policía los llevó con esposas de plástico.

"Acogemos con beneplácito el hecho de que el juez bloqueó algunas de las disposiciones de la SB 1070, pero (...) estamos persiguiendo una acción para anular el resto de la ley", dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros.

"Hoy seré un día peor que ayer, porque habrá más leyes en los libros, más herramientas para los policías", agregó.

El feroz debate sobre la inmigración ilegal ha desatado fuertes pasiones en Estados Unidos, donde unos 11 millones de inmigrantes ilegales trabajan por lo general en empleos mal pagos en la economía informal.

El Cuerpo de Aguaciles en Phoenix dijo que la jueza Bolton recibió insultos y amenazas por correo en su despacho judicial tras emitir su fallo. Bolton fue designada por el ex presidente demócrata Bill Clinton, y algunos comentaristas políticos la han atacado calificándola de "jueza activista" que no sintoniza con el momento del país.

En tanto, el congresista republicano Raúl Grijalva, representante demócrata por Arizona que se opone tenazmente a la ley, cerró una oficina de distrito en Yuma luego de que sus empleados encontraron una ventana rota y una bala dentro.

La policía investigó el incidente, pero todavía no tiene el "potencial móvil" del hecho, dijo la oficina del legislador en un comunicado.

Entre las medidas que no fueron afectadas por el mandato judicial y entraron en vigencia el jueves se encuentran artículos que considera ilegal que conductores recojan jornaleros desde las calles y transportar o refugiar un inmigrante ilegal.

Ley imitada. Analistas dijeron que el fallo de este miércoles podría "poner en pausa" legislaciones similares consideradas por republicanos en hasta otros 20 estados del país.

"Si la Corte Suprema retiene el mandato judicial, probablemente aguará cualquier posible legislación", dijo Mark Jones, un experto en ciencias políticas de la Universidad Rice en Texas.

En Estados Unidos, país de más de 300 millones de habitantes, hay alrededor de 10,8 millones de inmigrantes ilegales.

Decenas de jornaleros llegaron el jueves a buscar trabajo informal en Phoenix, a pesar de las nuevas disposiciones.

"No somos criminales, no le estamos haciendo daño a nadie (...) Queremos que la gente lo sepa", dijo Franco Escamilla, un trabajador indocumentado de México, mientras esperaba afuera de una tienda Home Depot de Phoenix.