Los seis aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expusieron ante el pleno del Senado por qué son idóneos para el puesto y algunos candidatos fueron más allá, pues se defendieron de las críticas por su participación en casos de inseguridad y justicia y advirtieron que no son marionetas de ningún Poder, ni responden a intereses de un sector político.

Criticado por su actuación en el caso Tlatlaya y por alterar pruebas, el procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, se defendió. Dijo que “de conformidad con la recomendación de la CNDH, presumiblemente elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así el personal de la Procuraduría mexiquense, lo cual, a pesar de ello, ya es materia de investigación y proceso penal por parte de las autoridades federales”.

Destacó que fue oportuno su actuar en este caso, en el que murieron 22 personas, en junio del año pasado. Las posibles omisiones, deficiencias e insuficiencias del personal de la Procuraduría local sobre el procesamiento del lugar de los hechos derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento, lo cual ya es materia de procesos de responsabilidad administrativa; incluso, sobre las imputaciones de tortura y malos tratos, el MP ejercitó acción penal en contra de los probables responsables, recalcó.

Javier Laynez, quien para algunos legisladores es el candidato del presidente Enrique Peña Nieto y del PAN, por haber sido procurador fiscal de la Federación, cuando el senador panista Ernesto Cordero fue secretario de Hacienda, pidió ser juzgado por su trabajo como abogado y no tacharlo por haber “laborado bajo tal cual presidente o bajo tal cual secretario”.

“Pido se analice si cada uno de mis actos en el servicio público se ajustó o no a la ley; si en alguno de mis actos como funcionario público cometí alguna injusticia en contra del propio servicio o de un particular; si tergiversé la interpretación jurídica para favorecer a un grupo determinado, público o privado, en lugar de centrarnos en si laboré bajo tal o cual presidente, o bajo tal o cual secretario”.

Norma Piña, quien también se dice es la favorita del Ejecutivo y del PRI, dijo que los ministros deben ser independientes, resistir todas las presiones externas o extrañas a su función, actuar conforme a derecho, pero no esclavizarse por la letra de ley y no resolver los conflictos atendiendo a los caprichos temporales de una época. La magistrada precisa en su declaración de interés que su esposo es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Sanborns Hermanos, Productora de Alimentos, por lo que se excusaría de abordar casos relacionados con esto en caso de ser ministra.

En sus documentos, Verónica Sánchez Valle, quien fue investigada por la PGR por liberar a una persona acusada de lavado de dinero, precisó que procedió de esa forma, porque el ministerio público federal entregó pruebas “ilícitamente adquiridas”. En su ponencia pidió que la Corte defienda al ciudadano del fuerte y el arbitrario.

Patricia Orea expuso que en el pasado los jueces eran marionetas del legislador pero ya no más y enfatizó que los juzgadores deben apartarse de la “letra fría de ley” y acercarse a la sociedad, mientras que Álvaro Castro se comprometió a atacar la corrupción pues “en mucho la estabilidad del Estado está comprometida a ese fin”.

La Comisión de Justicia que encabeza el panista Fernando Yunes sorteó los turnos de las comparecencias de los candidatos a ministros. El lunes comparecerá Patricia Orea, el martes Norma Piña, el miércoles por la mañana Alejandro Gómez y por la tarde Álvaro Castro; el jueves Verónica Sánchez y el viernes Javier Laynez.

Al Senado acudió la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda, quien entregó una carta al presidente de la Cámara, Roberto Gil, para solicitar que los dos ministros seleccionados tengan una visión equilibrada entre el imputado y la víctima, además de no tener compromisos con ningún grupo político o de negocios.