Una de las necesidades que con mayor frecuencia se expusieron durante los tres días de trabajo de #AgendaDePeriodistas, fue la creación de una entidad que organice a los periodistas, explicó Guillermo Osorno, director de HorizontalMX, organización convocante.

“Se percibe —dice Ciudadano Inteligente, que es la organización chilena que ayudó a moderar estas mesas—, una necesidad, dicen ellos, de armar una entidad que organice a los periodistas. Es un tema que fue recurrente en casi todas las mesas”, afirmó.

En el formato que sea, abundó, no hay uno preestablecido, no se llegó a profundizar sobre qué entidad en específico, pero ellos identificaron una necesidad de armar algún tipo de organización que juntara periodistas locales con nacionales, que pudiera representar los intereses del gremio.

Osorno señaló que de ocurrir, esto sería “histórico”.

En su oportunidad, la periodista Anabel Hernández destacó que este esfuerzo no es para los periodistas sino para la ciudadanía, ya que no se trata de buscar beneficios para los periodistas, sino de tener un “periodismo más fuerte, más ético, más cohesionado en México”.

#AgendaDePeriodistas surge luego del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, en Sinaloa, lo que origina el lanzamiento de la convocatoria para que por tres días, 381 personas de 20 estados, la Ciudad de México y el extranjero, en seis mesas de discusión deliberaran para “revertir las causas que facilitan las agresiones a la prensa”.

Osorno destacó que como segunda necesidad percibida en las mesas fue la creación de diagnósticos de la situación de riesgos en distintas regiones del país y otros sobre las condiciones laborales de los periodistas.

Asimismo, la necesidad de capacitación e información como “armas para el gremio para hacer mejor su trabajo” y generar el acercamiento con la sociedad, ya que “hay una sensación de aislamiento de los periodistas, una necesidad del gremio de explicarse mejor y establecer una narrativa mejor frente a la sociedad”.

En conferencia de prensa dijo que continúa la sistematización y ordenamiento de las ideas que surgieron durante la #AgendaDePeriodistas, con lo que saldrá un plan de acción con puntos concretos, mismo que se prevé esté listo en dos meses.

“El segundo plano de trabajo es: ¿qué organización? Los convocantes, y quienes participaron en la #AgendaDePeriodistas, tendrán que decidir sobre el diseño de la organización, se plantearán las posibilidades y se elaborará este diseño”, añadió.

En su oportunidad, la periodista Anabel Hernández destacó que este esfuerzo no es para los periodistas sino para la ciudadanía, ya que no se trata de buscar beneficios para los periodistas, sino de tener un “periodismo más fuerte, más ético, más cohesionado en México”.

“Nuestro objetivo principal es defender hasta el último aliento de vida el derecho que tiene la sociedad mexicana a estar bien informada, de manera veraz, oportuna y sin censura”, manifestó.

Asimismo, Ignacio Rodríguez recordó que desde hace 40 años no se discutía en México la posibilidad de organizarse entre periodistas, lo que dijo “es uno de los hechos más significativos” de #AgendaDePeriodistas.

Experiencias en Latinoamérica. En los años 90, ante el clima de vulnerabilidad que vivían los periodistas en Colombia, se comenzó a gestar una organización que derivó en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), misma que da seguimiento a las agresiones en este país.

A través de “asesoría y acompañamiento a periodistas con el fin de que la libertad de expresión sea garantizada por el Estado y reconocida por la ciudadanía”, es como esta organización no gubernamental desarrolla su trabajo.

Treinta corresponsales en todo Colombia reportan los casos de violación a la libertad de expresión documentando y denunciando, además de que la FLIP ofrece asesoría a periodistas víctimas de procesos judiciales, activan mecanismos de protección, capacitan en temas de autoprotección, elaboran informes sobre el acceso a la información pública y la libertad de expresión en ese país.

En tanto, el régimen de Alberto Fujimori generó que en 1993 en Perú naciera el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Entre sus primeras acciones se dio la organización de una “red de protección de periodistas en peligro, e influyó en el nacimiento de otras en América Latina”, refiere su sitio web.

Como su misión principal está la defensa de periodistas en peligro, la promoción de la libertad de expresión, el acceso a la información pública y el periodismo independiente en el continente, esto a fin de que la ciudadanía cuente con información plural y de calidad para el ejercicio de sus derechos.

El IPYS se caracteriza por trabajar con “autonomía”, en “diálogo con todos los sectores democráticos” y en “un clima de transparencia que facilita el escrutinio de ciudadanos y donantes”. Asimismo, cuenta con instituciones asociadas en Venezuela y Colombia.

En materia de profesionalización de los periodistas existe el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), organización que desde el 2002 promueve la capacitación, debates sobre transparencia, “gestión responsable de la publicidad oficial”, ética periodística e innovación.

“FOPEA tiene la misión de contribuir a mejorar la calidad del periodismo a través de la capacitación profesional, la elevación de los estándares éticos y la defensa de la libertad de expresión. FOPEA no nace para ocupar el espacio de otras asociaciones, entidades o sindicatos, sino para trabajar en conjunto con todas, sin ninguna exclusión”, explica en su página de Internet.

Indagarán a proveedores. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) reiteró que ha abierto una carpeta de investigación contra la presunta intervención ilegal de comunicaciones que se habrían realizado en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de los derechos humanos, después de que fuera presentada una denuncia por algunos de los afectados, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

Lo relevante en la indagatoria, según lo expuesto por la Fiscalía federal, es que se investigará a los proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos de espionaje y en su oportunidad solicitará que informen a qué dependencias federales, estatales y, en su caso, empresas privadas, cuentan con este tipo de tecnología.

La Feadle adelantó que en el desahogo de pruebas se realizarán las diligencias ministeriales y periciales que sean necesarias, el análisis de los números telefónicos que se presume están intervenidos, los mensajes enviados, la geolocalización de los equipos, así como conocer la forma en que opera este tipo de malware, junto con la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos.

La investigación en curso, explicó la Fiscalía, se encamina a indagar los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, previstos en los artículos 177 y 211 bis 1 del Código Penal Federal, respectivamente, contra quien o quienes resulten responsables y sean identificados de tales actos de espionaje.

Se espera que el Agente del Ministerio Público de la Feadle recabe todas las evidencias en mensajes o llamadas que hayan recibido supuestamente las personas que fueron sujetas a esas actividades ilícitas, debido a que sólo está permitido siempre y cuando sea avalada por la PGR a petición de las Procuradurías y Fiscalías del país, que además habrán de ser validadas por un Juzgado del Poder Judicial de la Federación.

Medidas cautelares: CNDH. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares a favor de periodistas, defensores y activistas anticorrupción, espiados a través del malware Pegasus.

“Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos, este organismo nacional solicitó a la Sedena, Semar, Segob y PGR implementar acciones para que en caso de poseer el sistema Pegasus o cualquier otro que emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional”, aclaró.

En específico, indicó la Comisión, a la PGR se le requirió instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, para que realicen la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad y objetividad.

“La CNDH reitera que, si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, nuestra Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos”.