El estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile atribuyó este miércoles a la falta de diálogo el resurgimiento de la violencia en la sureña Región de la Araucanía, entre comunidades indígenas y policías.

"La represión del Estado como quienes afirman defenderse de ella, ahondan el problema y alejan las perspectivas de solución", por lo que es necesario establecer una "política de diálogo", indicó la entidad mediante un comunicado.

La muerte violenta de un comunero mapuche que participaba en una ocupación pacífica de un predio la semana pasada, derivó en serios disturbios los últimos días, los que se saldaron con nueve policías heridos, dos activistas detenidos y media docena de camiones y maquinaria forestal destruida.

"La muerte en (la localidad de) Galvarino de José Quintriqueo Huaiquimil, comunero mapuche, respecto de la que esperamos la más rápida e imparcial investigación sobre las circunstancias en las que se produjo, como los ataques contra (policías de) carabineros en diversas localidades son situaciones condenables", indicó la entidad.

El activista mapuche murió tras ser atropellado intencionalmente por un tractor conducido por un empleado de la empresa forestal.

La muerte del dirigente, que ocupaba un predio forestal que es reclamado por la comunidad mapuche, derivó en choques con la policía en las principales carreteras de la Región de la Araucanía, lo que llevó al gobierno de Michelle Bachelet a anunciar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a los responsables.

Para el Instituto Nacional de los Derechos Humanos "preocupa que la utilización de la Ley de Seguridad del Estado pudiera derivar en los mismos problemas que, según hemos denunciado, afectan a la Ley sobre conductas terroristas".

La institución indica que se debe insistir en el diálogo y que "al Estado y a las autoridades les cabe en esto la mayor responsabilidad (...) el país espera gestos y actitudes que generen condiciones para un diálogo que, teniendo presente las directrices establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y aplicables a la realidad de los pueblos indígenas, involucre a todos los actores del conflicto, sin exclusión alguna".

La etnia mapuche, el mayor grupo aborigen del país, reclama la restitución de sus tierras ancestrales en las regiones Biobío y Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur Santiago.

El gobierno de Bachelet, que asumió el 16 de marzo pasado, ha enfatizado que impulsará un nuevo trato con las comunidades indígenas en base al diálogo.

Desde las comunidades indígenas existen distintas sensibilidades para abordar la relación con el Estado chileno, desde grupos que abogan por la asimilación, hasta grupos radicalizados que abogan por la autonomía política y administrativa, quienes aspiran a expresar el sentir de unas 800.000 personas que se declararon mapuches según el último censo en el país de 17 millones de habitantes.