La guerra contra el narcotráfico tuvo un efecto decisivo en el aumento de la violencia originada por los grupos criminales, pero también de los crímenes cometidos por fuerzas estatales, advierte la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

En los últimos 10 años, la situación de derechos humanos en México se ha deteriorado notablemente. La guerra contra el narcotráfico tuvo un efecto decisivo en el aumento de la violencia originada por los grupos criminales, pero también de los crímenes cometidos por fuerzas estatales, advierte la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

A través de la nueva edición de su revista institucional AportesDPLF, la organización regional cuyo mandato es promover el Estado de derecho en América Latina, expresa que “a pesar del reconocimiento que el gobierno mexicano ha hecho de esta situación y de las medidas que se han tomado para enfrentarla, la realidad nos muestra que las violaciones de derechos humanos (DH) y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción”.

El número 21 de la publicación, titulado “Impunidad y graves violaciones de derechos humanos en México”, recoge la visión de diversas voces para abordar los retos en la materia. En este contexto, Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y exintegrante del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en el caso Ayotzinapa, concluye en uno de los materiales que a raíz de los informes y hallazgos de este equipo “el Estado ha mantenido una actitud de poca cooperación y en ocasiones de abierto rechazo ante organismos internacionales”.

En septiembre del 2016 la CIDH anunció la creación de un mecanismo especial de seguimiento en el caso Ayotzinapa y a inicios del año en curso realizó su primer visita técnica. “Las familias y sus representantes esperan que el mecanismo cuente con las condiciones necesarias para realizar su labor y que no se repita la campaña de difamación y obstaculización a la que se enfrentó el GIEI”, explicó la especialista.

En tanto, mediante el artículo “Elementos esenciales para una agenda pública para la prevención y erradicación de la desaparición en México”, Ariel Dulitzky, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, advierte que desde hace casi una década, organismos internacionales han urgido a México atender esta “gravísima situación”.

Es así que el experto recomienda, a las autoridades, incluyendo a los funcionarios de más alto nivel, reconocer la gravedad, complejidad y dimensión del problema de las desapariciones. “Si bien en algunas autoridades hay un incipiente reconocimiento discursivo del problema de la desaparición forzada, ello no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel”, señala.

Entre otros puntos, sugiere también un “cambio de actitud política y de cultura de las fuerzas de seguridad y de los responsables de la administración y procuración de justicia para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición, así como para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”.