El ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien gobernó el país diez años (1990-2000), ahora enfrenta un laberinto legal por los delitos que cometió durante su mandato, etapa conocida como el "fujimorato".

La última audiencia pública del pasado 27 de junio ante la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima terminó con la participación del perito contable Oscar Aguilar, quien determinó que el ex mandatario desvió fondos estatales por US$13.574.570 de manera ilegal.

Según las indagaciones realizadas por el experto contable, en los libros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) los fondos fueron trasladados de manera irregular al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para comprar la línea editorial de medios de comunicación opositores.

Después de escuchar el informe del experto, las autoridades judiciales decidieron concluir el interrogatorio y establecieron como fecha para la próxima audiencia el martes 8 de julio, cuando se presentará la otra perito contable Gloria Ramón Ruffner.

Las audiencias por este caso se llevan a cabo en la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), donde el ex presidente de encuentra preso cumpliendo una condena de 25 años prisión por crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción.

Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos (1991) y la Cantuta (1992), donde murieron 25 personas, entre ellas un niño de ocho años de edad, quien se encontraba con su padre en una fiesta en el barrio popular de Barrios Altos.

Según el fiscal anticorrupción, Christian Salas, durante el régimen de Fujimori se gastaron unos US$150 millones en la campaña de reelección presidencial a favor del ex mandatario, mediante la compra de los llamados "diarios chicha", un conglomerado de medios sensacionalistas.

Explicó que en la campaña reeleccionista, Fujimori también utilizó estos fondos estatales para comprar la línea editorial de los medios locales, que se caracterizaban con ser indulgentes con los actos de corrupción del régimen y contribuyeron en la campaña reeleccionista.

Salas reiteró que los fondos apropiados indebidamente por el ex mandatario sirvieron además para la compra editorial de canales de televisión, que contribuyeron con fuerza en la campaña reeleccionista.

El procurador recordó que el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Humberto Rozas, puso en evidencia que Fujimori utilizó el referido fondo millonario a discreción, como si se tratara de su hacienda personal.

Puntualizó que los cálculos a los que ha llegado su despacho estima que durante el fujimorato se dilapidaron recursos estatales sin control de tal magnitud que presuntamente se gastaban alrededor de un millón de dólares mensuales.

Salas también afirmó que durante la campaña reeleccionista de Fujimori se compraban los titulares de los diarios y se adquirían camisetas con sus implementos necesarios para hacer propaganda política.

En las audiencias anteriores se estableció que el asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, actualmente preso por actos de corrupción, manejaba los fondos millonarios con la autorización del propio ex gobernante.

Otro de los pasajes delictivos reflejados en el proceso contra el ex gobernante se dejó observar con declaraciones de los testigos, quienes describieron la forma como estos fondos servían para comprar ejemplares de diarios opositores.

Una de las particularidades de este nuevo proceso contra Fujimori es que cuando el ex asesor presidencial se presentó ante la Sala Penal, éste desconoció las declaraciones incriminatorias contra su antiguo jefe y prefirió guardar silencio.

El ex gobernante, de 75 años de edad, asegura que es inocente de todos los cargos que la Justicia peruana le acusa y lamentó que a esta edad madura se encuentre en presidio y sometido a otro proceso legal.

Los alegatos de inocencia que esgrime Fujimori encuentran eco en sus hijos, como la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y su hijo, el congresista Kenji Fujimori, y también entre todos sus seguidores que reafirman la inocencia de su líder.

Su abogado, William Paco Castillo, es uno de sus defensores más leales y aseguró que la tesis de inocencia lanzada por su defendido cada día se refuerza, más y más, con la participación de testigos presentados por la parte acusatoria.

Afirmó que hasta ahoralo largo del proceso legal no se han mostrado pruebas contundentes ni objetivas que sustenten las acusaciones de malversación de fondos del Estado durante su régimen.

El juicio por el denominado caso de los "diarios chicha" inició el 17 de octubre del 2103 y busca esclarecer las acusaciones contra Fujimori en el delito de desvío de fondos de las Fuerzas Armadas a los medios de comunicación sensacionalistas, con la finalidad de promover su reelección y atacar a sus opositores.

Por este caso ya se encuentran sentenciados antiguos colaboradores y jefes militares de Fujimori vinculados a las Fuerzas Armadas durante los años 1990 y el 2000, entre los cuales destaca el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.