La Paz. El ex alcalde de La Paz, Juan del Granado, entregó este miércoles documentación que prueba que el gobierno conoció, avaló y dio el marco legal al incremento de US$4,5 millones en la construcción de los puentes Trillizos.

Sin embargo, el contralor general del Estado, Gabriel Herbas, señaló que las actuaciones del Poder Ejecutivo fueron posteriores a la renegociación y la suscripción de la segunda adenda con la Asociación Accidental Progreso (AAP), por la que se acusa al jefe del MSM de daño económico.

El lunes 20 de diciembre, el contralor denunció a Del Granado ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica”, por haber firmado dos adendas con la constructora.

En 2007, la Alcaldía suscribió con AAP un Contrato Llave en Mano para la ejecución de los puentes Trillizos por un total de US$14,3 millones financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF). La cláusula 17 establecía que bajo ningún aspecto se podía realizar un reajuste de precios. La cláusula 31 disponía la forma de pago por avance mensual.

El 13 de marzo de 2008 se suscribió la primera adenda, por la que el Gobierno Municipal entregó anticipos equivalentes al 31% del valor del contrato original en dólares, además del anticipo del 20% previsto en el contrato original.

El 18 de junio de 2009 se suscribió la segunda adenda para que el contrato suscrito en dólares sea expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda, y que esta aplicación sea retroactiva. Esta última decisión encareció el proyecto en US$4,5 millones y los Trillizos terminaron costando US$18,8 millones. La denuncia de Herbas fue calificada por el ex alcalde como un hecho “totalmente falso, calumnioso y mal intencionado”.

“Lo primero que ha olvidado el Contralor es que hace 18 meses (entregué) toda la documentación. Se la remití de manera personal para su conocimiento y para que haga las auditorías respectivas. En segundo lugar, seguramente ha olvidado, o ha ocultado el contralor, que este supuesto sobreprecio de US$4,5 millones fue expresamente aprobado por el presidente Evo Morales y todo su gabinete”, dijo.

Y para probar esta afirmación, el ex alcalde presentó documentos que prueban que el presidente y el vicepresidente fueron informados el 6 de julio del 2009 de la necesidad de renegociar el crédito con la CAF.

El gobierno gestionó el citado contrato de préstamo ante la CAF, el gabinete aprobó un decreto supremo (el 4 de noviembre del 2009) que autoriza la suscripción del crédito para financiar los US$4,5 millones necesarios para concluir los Trillizos. Y, finalmente, el gobierno central, representado por los ministros de Economía y Finanzas, Luis Arce; de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro; y el de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, suscribieron un Convenio Subsidiario que le otorgó a la Alcaldía estos recursos para la ejecución de la obra.

Pero, el contralor aseguró que por disposición del DS 29603 los contratos Llave en Mano no pueden sufrir modificación y que la Alcaldía “pretendió cubrir su irregularidad con el DS 0351, en el que la CAF entregó un crédito de US$42 millones para varios proyectos viales”. Además, el mismo fue aprobado seis meses después de que el Alcalde autorizara las adendas, recalcó.

Suxo liberó a Del Granado en 2009. El ex concejal Hernán Paredes (UN) denunció en junio de 2009 a la Controlaría las supuestas irregularidades de la segunda adenda suscrita entre el municipio de La Paz y el Consorcio Progreso para la construcción de los puentes Trillizos. El entonces alcalde Juan del Granado presentó los documentos a Nardi Suxo, ministra de Transparencia, y al contralor General, Gabriel Herbas.

Sin embargo, después de haber recibido estos documentos, Suxo emitió un informe a principios de agosto de 2009 en el que liberó de toda responsabilidad a Juan del Granado e instruyó un proceso administrativo contra cuatro funcionarios. Este hecho se suscitó cuando el Movimiento Sin Miedo y el Movimiento Al Socialismo eran todavía aliados políticos.

Los funcionarios que debían ser sometidos a proceso eran: Johnny Bernal, oficial mayor Técnico; Yolanda Mantilla, asesora legal; René Chávez, director de Sistemas Viales, y Gastón Pizarroso, asesor de Procesos de Contratación.

1. “El Presidente estaba informado”
El 6 de julio de 2009, Juan del Granado remitió todos los documentos relativos al contrato y las adendas al Presidente, Vicepresidente y a todo el gabinete ministerial en 15 hojas con todos los detalles de la decisión que tomó, apoyado en el DS 27328, del 2004, que permite cambiar la moneda de un contrato que estaba en dólares y pasarla a Unidades de Fomento a la Vivienda. Asimismo, el ex alcalde confirmó que el 2 de junio de 2009, el contralor recibió 18 tomos de toda la documentación de la contratación y las adendas que se iban a realizar a la empresa por la elevación del precio del acero de US$840 la tonelada a US$2.170 y por la devaluación del dólar de Bs 7,93 a 7,14. Dos factores que motivaron a la empresa a solicitar el reajuste del contrato, la resolución del mismo o la paralización de la obra.

2. “El gabinete gestionó el crédito adicional”
El presidente, el Vicepresidente y los ministros tramitaron, gestionaron y aprobaron la ampliación del crédito con rédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el pago complementario a la Asociación Accidental Progreso. Entre los documentos que el Jefe del MSM presentó como prueba figura una carta al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Javier Fernández Vargas, fechada el 17 de junio del 2009, en la que el entonces Alcalde le remite todo lo relativo a las condiciones especiales a cumplir, previas al primer desembolso que realizó la CAF, para el Programa Especial de Insumos para Proyectos Viales, dentro de los que se incluye los US$5 millones destinados a garantizar la conclusión de los puentes Trillizos, que fue concretado con la aprobación del DS 0351.

3. “El DS permitió entregar la obra”
El Decreto Supremo 0351, del 4 de noviembre de 2009, señala que “el objetivo general es posibilitar la continuación de importantes obras viales que contribuyan al desarrollo de la actividad productiva que debido a la excepcional subida de precios en los insumos necesarios de construcción y por las limitaciones presupuestarias existentes quedaron sin recursos para su culminación”, en referencia al Programa Vial de la Administradora Boliviana de Carretas (ABC) y de los puentes Trillizos. El decreto es por un total de US$42 millones, de los cuales se destinan US$5 millones para cubrir las adendas que había comprometido el entonces Alcalde paceño a la empresa constructora. Del Granado dijo que si se resolvía el contrato, se hubiera tenido que llamar a una licitación y la obra habría terminado costando US$27 millones.

4. “Ministros firmaron el convenio subsidiario”
El 5 de mayo de 2010, el Gobierno Municipal de La Paz firmó con el Gobierno central un “convenio subsidiario” del crédito de US$5 millones para pagar el incremento previsto. El documento fue firmado por el alcalde, Juan del Granado, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, y el ministro de Servicios y Obras Públicas, Wálter Delgadillo.

“El presidente Morales firma un decreto, los ministros que he hecho referencia firman el convenio subsidiario. ¿Era para hacerle un daño económico a la ciudad? ¿Era para generar un sobreprecio? Señor Contralor, ¿usted no informó en su debido momento que le estaba entregando al Alcalde de La Paz un monto que estaba sujeto a delitos?”, inquirió el jefe del MSM, denunciado a la Fiscalía por la Contraloría.