Mauricio Rodas caminó este miércoles por Villa Flora, un barrio popular del sur de Quito, repartiendo saludos a los transeúntes, que lo ovacionaban. Con ese preludio, el alcalde electo de Quito dio a conocer su rechazo a un proyecto de ley que prepara el oficialismo para regular el ordenamiento territorial y la gestión del uso de suelo.

A Rodas le preocupa la creación de la Junta Reguladora y de la Superintendencia del Territorio y el Suelo.

Dice que, de acuerdo al borrador del proyecto, estas nuevas instituciones tendrán capacidad de control y sanción en materia de ordenamiento territorial y uso del suelo, que según la Constitución es competencia exclusiva de los municipios.

Ese borrador fue realizado a través de una consultoría dirigida por el español Marcos Vaquer Caballería y financiada por la Unión Europea gracias a un acuerdo con la Asamblea Nacional.

El documento, colgado en la página web de la Asamblea, establece que la Junta tendrá entre sus funciones la de “aprobar las normas técnicas que (...) sean de obligatorio cumplimiento para los planes de ordenamiento territorial (...) y las demás actividades de uso, gestión y ocupación del suelo”.

A la Superintendencia le da la capacidad de “vigilar y controlar la legalidad del ordenamiento territorial” y la de “ejercer las competencias sancionadoras”.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea es la encargada de preparar este proyecto de ley. Su presidente, Richard Calderón (de Alianza PAIS), indicó que el texto de la consultoría no es definitivo, pues se recogerán las observaciones de las autoridades locales. Prevé que el documento estará listo en mayo o junio.

El ministro de Vivienda, Diego Aulestia, dará hoy a una rueda de prensa para presentar la propuesta del Ejecutivo.