Las discusiones iniciadas este mes se tensan en momentos en que la presidenta peronista Cristina Fernández está distanciada de los sindicatos.

Buenos Aires. La aceleración de una inflación ya muy alta y un debilitamiento de la economía están tornando más duras que nunca las negociaciones salariales en Argentina y preanuncian un aumento de los conflictos sociales en un año en que el Gobierno enfrenta una decisiva elección legislativa.

Las discusiones iniciadas este mes se tensan en momentos en que la presidenta peronista Cristina Fernández está distanciada de los sindicatos históricamente ligados a su partido, que amenazan con una ola de huelgas como antesala de la renovación parcial del Congreso prevista para octubre.

La mandataria llevó a la división a la mayor central obrera del país, la CGT, y cortó vínculos con sus líderes, que pasaron a ser críticos de su gestión. En simultáneo, buscó convertir en interlocutores gremiales a dirigentes más sensibles a sus pedidos.

La inédita ruptura entre un gobierno peronista y los mayores sindicatos se produce en medio de una brusca desaceleración de la actividad y una inflación del 25% y en ascenso, según estudios privados, que llevó a los gremios a exigir hasta un 30% de aumento salarial en las negociaciones.

Esos pedidos incluyen a centrales de trabajadores de buen diálogo con el oficialismo, pero que reciben presiones de sus bases debido al alza de los precios y una alta carga tributaria que erosiona el poder de compra.

"Va a haber una reacción sindical", dijo a Reuters el secretario general de la Unión de Docentes Argentinas (UDA), Sergio Romero, un sindicalista que integra la dirección de la central aliada del Gobierno y que exige un 30% de alza de los sueldos.

"Fuimos a la mesa de negociaciones con posiciones flexibles y lo que tuvimos fue una respuesta unilateral" agregó. "El Gobierno está condenando a los maestros a sobrevivir con 3.000 pesos (US$597 por mes)", agregó.

El Ministerio de Educación, al no haber acuerdo en las negociaciones, fijó unilateralmente un incremento del 22% en tres tramos en el plazo de un año para los docentes, que rechazaron la decisión y llamaron a huelgas.

La paritaria docente es considerada el preludio del resto de las negociaciones y su fracaso augura un problemático inicio del ciclo escolar, fijado para el 27 de febrero.

Otro sindicato que pertenece a la central obrera aliada del Gobierno, el de la industria de la alimentación, también pide un alza salarial de un 30%.

"Es una paritaria distinta a la de años pasados. La inflación es más alta. Y la recuperación de la economía es muy débil", dijo a Reuters el economista Ernesto Kritz, un experto del mundo laboral.

Las negociaciones salariales anuales suelen comenzar en febrero y se extienden hasta julio.

El Gobierno ha indicado que no convalidará aumentos superiores al 22%, lo que disparó críticas incluso de gremios aliados.

"Les pido a todos que por favor pongamos un poco de cordura, porque la inflación no es un elemento de la naturaleza ni un fenómeno biológico, es algo a lo que contribuyen todos los sectores", dijo recientemente la presidenta Fernández.

Aunque es una de las principales preocupaciones de los argentinos, la mandataria no la menciona usualmente en sus discursos ni tampoco ha hecho caso al aluvión de críticas que recibe de sindicatos, economistas y organismos internacionales por la manipulación de la que son objeto las estadísticas oficiales para mostrar un alza de precios inferior a la real.

El Gobierno reconoció un aumento de un 10,8% en los precios minoristas del 2012, cuando la economía apenas creció un 1,9% tras haberse expandido a tasas chinas durante gran parte de la última década.

Analistas han culpado de la inflación a un fuerte consumo doméstico financiado por una alta emisión monetaria, una pobre inversión por el mal ambiente para los negocios y la reducida oferta de bienes debido a una política comercial proteccionista.

Rechazando la aplicación de recetas económicas ortodoxas, Fernández anunció en cambio un acuerdo con cadenas minoristas para congelar precios por dos meses hasta el 1 de abril.

Además de los docentes, otros sindicatos de empleados públicos ya han mostrado las garras.

Los trabajadores sanitarios de la provincia de Buenos Aires, que adelantó que no tiene margen para satisfacer los peticiones sindicales, paralizarán los hospitales del distrito el 25 de febrero.

"La CGT oficialista se aleja cada día más del Gobierno y se acerca al sindicalismo opositor", dijo el analista político Rosendo Fraga.

Los reclamos de sindicatos mayormente peronistas son una muestra de que el descontento con el Gobierno está en aumento, en un país en el que políticos y gremialistas aliados acostumbraban hasta hace poco a obedecer a Fernández dentro de la tradicional cultura verticalista de su partido.

La imagen positiva de la mandataria fue del 30,7% en enero, levemente por encima del nivel de diciembre pero muy por debajo del 59,1% de febrero del 2012, según datos de Management & Fit.

Los empresarios aseguran que el aumento del costo laboral argentino por la inflación es insustentable, por lo que choques parecen asegurados.

"Incrementos salariales de 30% son francamente inviables. Hay que apelar a la racionalidad o lo que probablemente uno consiga es perder empresas y empleo", dijo Daniel Funes de Rioja, presidente de la patronal Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

El economista jefe de la Fundación FIEL, Juan Luis Bour, considera que "difícilmente" las empresas puedan sostener aumentos promedios por encima del 23%, mientras muchas compañías están cortando horas extras o congelando vacantes para contener gastos.

Las fricciones suceden en un año en el que Fernández pondrá en juego el control del Congreso en las elecciones legislativas.

De esos comicios también dependerá si el Gobierno obtiene una mayoría suficiente que eventualmente permita una reforma constitucional que habilite a Fernández a competir por un tercer mandato consecutivo, una opción no avalada por la ley pero que ha sido agitada por algunas figuras del oficialismo.

"A la gente le preocupan las cuestiones que le afectan a su vida cotidiana. Salarios, precios, inflación preocupan a las personas y la política piensa en la reelección. Eso se refleja en insatisfacción y puede reflejarse en una votación", dijo Mariel Fornoni, analista política y consultora en Management & Fit.