La alerta de otro posible retroceso en la ley de transparencia llegó a la ONU; el representante del Alto Comisionado detalla la importancia de no reservar información relacionada a violaciones de los derechos humanos.
Esta semana será crucial para que se concrete en el Senado el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y uno de los cinco temas que aún causan polémica es el de la facultad del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para ordenar la apertura de información sobre los casos de violaciones graves de derechos humanos.
Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió una carta a los senadores encargados de la redacción del dictamen y resalta la importancia que ha significado para la defensa y promoción de los derechos humanos la cláusula vigente que prohíbe reservar la información relacionada con violaciones a los derechos humanos.
“Esta cláusula ha permitido que el órgano garante ejerza sus atribuciones con responsabilidad en beneficio de la causa de los derechos humanos sin estar condicionado a lo que determine otra autoridad al respecto. Esta cláusula corresponde con lo sostenido por la Relatoría Especial sobre la promoción y protección sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión”, precisó en una carta fechada el 12 de febrero del 2015.
Los perredistas y panistas no quieren que estos casos, incluidos los de lesa humanidad, sean reservados si una autoridad del gobierno así lo determina, pues consideran que estaría censurada la información de Tlatlaya y Ayotzinapa, por ejemplo.
Por su parte, el IFAI ejemplificó a los senadores que en la actualidad hay dos sentencias de juzgados de distrito que se encuentran en revisión en contra de dos resoluciones del IFAI relativas al caso San Fernando, Tamaulipas. Una de ellos es por no ordenar la difusión de la información sobre la averiguación previa del caso y reservarla por 12 años en respaldo a la respuesta de la Procuraduría General de la República.
No obstante, tras las sentencias se advierte un precedente: el que determina que el IFAI sí tiene facultades para pronunciarse prima facie sobre violaciones graves a los derechos humanos, únicamente para efectos de acceso, y destaca que la averiguación previa sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando en el 2010 envuelve investigaciones, prima facie, sobre violaciones graves de derechos humanos, por lo que procede su acceso.
El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos, propuso que se eliminara del proyecto de dictamen de la Ley General de Transparencia el párrafo que determina que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando “no exista el pronunciamiento previo de autoridad competente pero que por la trascendencia social de las violaciones así lo considere el órgano garante competente y de conformidad con el derecho nacional e internacional”.
La senadora panista Laura Rojas destacó que el grupo redactor de la Ley acercó sus posiciones pero aún no hay acuerdo en cinco temas: casos de violaciones graves a los derechos humanos, la obligación de los sujetos obligados a generar información sobre sobre actos derivados del ejercicio de sus funciones, que los sujetos obligados apliquen la prueba de daño al momento de negar la información a un peticionario, la prevalencia de la Ley General sobre otras leyes, así como una regulación estricta de la reserva de la información en los casos de seguridad nacional y estabilidad económica, monetaria y financiera.
Por ello, prosiguió, los argumentos se darán a las comisiones de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda para que emitan el dictamen y de manera pública debatan y voten los temas encorchetados.
Adelantó que el PAN enviará una carta a las comisiones dictaminadoras para que esta semana anuncien el día en que entregarán el proyecto de dictamen y emitan el calendario de audiencias públicas con expertos para analizarlo, además del calendario de sesiones para que la Ley pase de inmediato al Pleno del Senado para su análisis y votación.
