Aunque no se refirió directamente al beneficio entregado a la ex directora del DAS en Panamá, el ex presidente de Colombia afirmó que “el Estado de Derecho se anula cuando la justicia se pone al servicio de la política o cae en la trampa de la venganza de los criminales”.

Bogotá. El ex presidente Colombia, Álvaro Uribe, emitió un comunicado este martes en Bogotá promediando la medianoche y luego de su regreso al país, donde defiende el asilo otorgado por Panamá a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, a pesar de que nunca la nombra en el comunicado, así como tampoco al organismo de inteligencia.

De acuerdo con el ex Jefe de Estado, él apoya a quienes buscan asilo cuando sienten que la justicia no les da garantías. "Hay imputaciones basadas en testigos con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales", aseguró.

Según Uribe, "no ha sido desvirtuada la relación entre la injustificada demora para elegir Fiscal y el interés de presionar en contra del anterior gobierno", nombrando a ex funcionarios de su gobierno que, a su juicio, han sido acusados injustamente.

Este es el comunicado:

1. Siempre pedí a los compañeros de Gobierno que dijeran la verdad.

Algunos me han expresado que a pesar de haberla dicho no tienen garantías en la justicia; en casos de esta naturaleza he compartido y apoyado que busquen asilo.

2. Cuando asumí la presidencia estaba asilado el Dr. Álvaro Leyva en Costa Rica, decisión que respeté; el gobierno anterior recién había autorizado el asilo en nuestro país del ciudadano Carmona de Venezuela, nunca accedí a revocarlo; cuando el presidente Arias de Costa Rica me preguntó por la solicitud de asilo del senador Mario Uribe le contesté que respetaba la autonomía de esa nación.

3. Un sector de la Corte Suprema de Justicia incurre en un error esencial de hecho al impulsar sin fundamento la hipótesis de un propósito criminal en la Presidencia para desacreditar al órgano de Justicia. No hay una sola prueba contra alguien de la presidencia sobre esta acusación. Nuestra deliberación ha tenido intenciones de bien común, nunca criminales.

4. Nuestra acción contundente contra el crimen ha generado toda clase de venganzas entre ellas la actividad delincuencia para desacreditar nuestro proceder.

5. En mi intensa comunicación privada y pública con las fuerzas armadas, la justicia y los órganos de control y seguridad, jamás sugerí una actividad ilegal. Mis interlocutores fueron miles y todos ellos son testigos.

6. Nuestro gobierno frenó el asesinato de periodistas y políticos sin importar el apoyo, la oposición o la hostilidad.

7. En mi larga carrera pública siempre he batallado de frente, sin cálculos y sin trampas.

8. Muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas: hay imputaciones basadas en testigos con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales; la justicia está sometida a la presión permanente de algunos opinadores que inexplicablemente la extorsionan con la pluma difamadora; no ha sido desvirtuada la relación entre la injustificada demora para elegir fiscal y el interés de presionar en contra del anterior gobierno; al ex Vicepresidente Francisco Santos se le acusa por una declaración sacada de contexto; a Bernardo Moreno lo destituyen por cumplir el deber en medio de la coacción de la Corte sobre la Procuraduría; a Mario Aranguren lo tienen en la cárcel por cumplir honestamente el deber de analizar movimientos financieros que podrían provenir del narcotráfico; y, el Presidente de la Corte prejuzga.

9. El Estado de Derecho no se desfigura por el asilo que hace parte de la normatividad internacional y doméstica, el Estado de Derecho se anula cuando la justicia se pone al servicio de la política o cae en la trampa de la venganza de los criminales.