Buenos Aires. Hacinamiento, inseguridad, violencia y deficiencia alimentaria son comunes en las cárceles de Argentina, dijo este viernes el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, en un reclamo al país para que instrumente urgentes mejoras en sus precarios penales.

Según datos oficiales, unas 65.000 personas están privadas de su libertad en Argentina, entre ellos un 35% de detenidos sin condena efectiva.

"El hacinamiento, las malas condiciones de seguridad, la violencia física, los malos tratos, el deficiente acceso a la salud y la falta de nutrición, vestimenta y condiciones sanitarias adecuadas son una realidad en los centros de detención en Argentina", denunció Amnistía.

El grupo, además, en el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, instó al Gobierno argentino a implementar el "protocolo facultativo contra la tortura", que fue firmado por el país en el 2004, pero aún no se puso en práctica.

"No hay excusas para la utilización de la tortura para degradar, humillar o tratar de forma inhumana a una persona en custodia del Estado. Sin embargo, Argentina aún no ha puesto en marcha los mecanismos a los que se ha comprometido para revertir esa situación", indicó Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional en Argentina.

El protocolo contra la tortura "requiere que los Estados establezcan un mecanismo transparente e independiente de visitas a cualquier centro de detención" y "brinda la posibilidad de que organismos independientes realicen visitas periódicas y sin previo aviso a los lugares de detención".