Gas lacrimógeno, sirenas que suenan de fondo, los gritos de los manifestantes y un cerro de llantas que se queman en la acera, son los elementos tradicionales de cualquier sublevación a la autoridad, piezas de la escena política que también estuvieron presentes este jueves en las principales ciudades de Ecuador, aunque esta vez manejadas por los efectivos de la Policía Nacional, rama de la Defensa que se alzó contra el presidente Rafael Correa a raíz de la resistida Ley de Servicio Civil, pero sobre todo: por la actuación de un primer mandatario que a pesar de estar en territorio apache, llegó a gritarle a la multitud que protestaba: “¡si quieren matarme, aquí me tienen; mátenme!”.

Las protestas de la policía comenzaron cerca de las 08:00 (hora local) de este jueves en la capital ecuatoriana, un movimiento de tropas que poco a poco fue sumando contingente y del que fueron alertados en el palacio de gobierno, accionar que no amilanó a Carondelet (nombre del palacio ubicado en el centro histórico de la ciudad) y que horas más tarde desató el viaje intempestivo de Rafael Correa hasta el regimiento Quito 1, ubicado en la concurrida avenida Mariana de Jesús, a esa hora, el punto más álgido de la sublevación policial.

Si bien la llegada de Rafael Correa hasta el principal regimiento policial de Quito fue recibido inicialmente como una señal positiva, un gesto conciliador de parte del primer mandatario, minutos más tarde no quedaron dudas de que se trataba más bien de un cuestionamiento directo a las reivindicaciones de los policías, un reparo temerario que dio paso al discurso exaltado de Correa en contra de los cientos de policías que lo escuchaban en el patio principal del regimiento Quito 1.

Lo que vino después fue el caos, a partir de la detonación de una bomba lacrimógena muy cerca del presidente, cuando era escoltado por su reducido y sobrepasado equipo de escoltas, quienes utilizando máscaras antigases intentaban con dificultad colocarle una a Correa. En ese minuto todo se había ido de las manos y el primer mandatario, caminando con dificultad -está convaleciente de una operación a la rodilla-, fue conducido hasta el Hospital de la Policía, establecimiento de salud colindante con el regimiento Quito 1.

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Desde que Rafael Correa ingresó rengueando al hospital, hasta el cierre de esta edición transcurrieron cerca de diez horas, una tensa espera no sólo para los ecuatorianos que simpatizan con Alianza País, el partido oficialista, sino para una población que a ratos cojea por los frecuentes y cercanos golpes de Estado -Abdalá Bucaram (1997, a seis meses del inicio de su gobierno), Jamil Mahuad (2000), Lucio Gutiérrez (2005)-, derrocamientos que durante este jueves volvieron una y otra vez a la memoria  de los ecuatorianos.

Lucio Gutiérrez, un ex militar y líder del partido Sociedad Patriótica, quien lideró el golpe contra el ex presidente Jamil Mahuad, en complicidad con la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), es sindicado por Correa como el estratega detrás de su secuestro en el Hospital de la Policía. Un plagio que terminó la noche de este jueves con un efectivo muerto del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional.

Se trató de un impactante operativo de rescate, ininterrumpidamente transmitido por Ecuador TV, la televisora estatal que por horas dominó las transmisiones, un canal que durante la jornada llegó incluso a solicitar el alzamiento ciudadano para rescatar al mandatario desde el quinto piso del hospital. En paralelo, Gutiérrez, un conocido opositor y enemigo político de Correa, en ese minuto hablaba con CNN Español, desde Brasil, un paraje con excelente comunicación internacional, pero demasiado alejado para comandar una intentona golpista.

En Latinoamérica, los presidentes del socialismo del siglo XXI salieron de inmediato a apoyar a Rafael Correa; los más cercanos al centro y la derecha política hicieron lo mismo, así como el chileno José Miguel Insulza, a la cabeza de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el gobierno de Barack Obama, a través de Hillary Clinton y Arturo Valenzuela (secretaria de Estado y secretario de Estado adjunto para América Latina, respectivamente).

Pero más allá de los plausibles apoyos a la gobernabilidad y la democracia, lo cierto es que no se observa ni una mínima correlación en la batalla desatada la noche de este jueves en Quito, tomando en cuenta que las razones del alzamiento policial, justificadas o no, son una mezcla entre exigencias nominales, más cercanas al reconocimiento de una rama muy poco estimada por la población -conocidos popularmente como ‘chapas’- y donde la lucha de clases es notoria; y otras económicas, como la mantención del actual sistema de seguridad social y la cesantía, el cual se piede que incorpore pagos en efectivo para quienes queden cesantes.

Las exigencias de los policías son:

1.- Que se deroguen las disposiciones de la Ley de Servicio Civil que eliminan el derecho a percibir condecoraciones y bonificaciones.

2.- Que se mantenga el sistema de condecoraciones por tiempo de servicio y méritos.

3.- Que se mantengan las bonificaciones por ascensos, las mismas que deberán ser equitativamente entre oficiales y el personal de clases y policías.

4.- Que se mantenga el actual sistema de seguridad social y la cesantía, cuyos pagos, no deberán ser en bonos, sino en efectivo.

5.- Que no existan represalias ni administrativas, ni judiciales, por el reclamo de derechos constitucionales a nivel nacional, únicamente es el derecho a la resistencia contemplada en la Constitución.

A las negociables y nada explosivas exigencias de la Policía Nacional -a raíz de la promulgación de la Ley de Servicio Civil- se sumó durante la tarde de este jueves la rápida y taxativa aclaración del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cúpula militar que hizo llegar a Rafael Correa una misiva donde ratificaba el "respaldo al gobierno y a la democracia", y que las Fuerzas Armadas respetarían el Estado de Derecho. Entonces, sin militares conspirando en las calles, y con la ciudadanía mirando todo por Ecuador TV, el inicial tufillo a golpe de Estado comenzó a disiparse, a pesar de que el peak de la tensión estaba por ocurrir en el Hospital de la Policía.

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Los mal pensados en Ecuador ya intuyen lo que podría venir. Con mayor altura moral, el propio Rafael Correa podría invocar ahora con más fuerza a la llamada “Muerte Cruzada”, un derecho constitucional que le permitiría disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas. Deceso constitucional que después del secuestro también toma una nueva fuerza, al debilitar a la oposición y a la figura de mayor liderazgo en ese bando -junto al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot-, Lucio Gutiérrez, lo que podría destrabar varias de las leyes que Correa necesita para potenciar su proyecto político, iniciativas que como las leyes de Aguas y de Comunicación, se espera que sean resistidas por diversos sectores de la sociedad civil.

¿Por qué? Porque la ‘’Muerte Cruzada’’ contempla un periodo de excepcionalidad constitucional -como en Venezuela hasta que la nueva Asamblea esté constituida-, modificable cuando se restablezca la nueva Asamblea Nacional del Ecuador, lapso en el que los decretos presidenciales podrían volver a la vida a Correa.