“El G-20 cometió un error al otorgar un puesto para 2012 a un criminal de guerra, quien está en medio de una intesa batalla electoral en su país”. Así de tajante fue el analista mexicano John Mill Ackerman, profesor de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo.

“El presidente de México, Felipe Calderón no será un líder en el G-20 que promueva el debate abierto y constructivo, sobre todo en cuestiones clave relacionadas con la estabilidad económica mundial”, dijo el analista.

Argregó que su único interés será el uso de este foro internacional con fines políticos. “El presidente mexicano espera usar la presencia de los líderes internacionales para aumentar su credibilidad”, dijo.

Agregó que en el contexto de la protesta generalizada contra la gestión financiera global, con Calderón a la cabeza, el G-20 aún mayor se expone a la ira popular..

El presidente Calderón estaría desesperado por el reconocimiento internacional porque este 25 de noviembre un grupo de abogados, periodistas, académicos y activistas llevarán una petición formal a la Corte Penal Internacional para investigar delitos y crímenes contra la humanidad.

La petición, que ya cuenta con 20.000 firmas en línea y más de 5.000 en papel, se dirige al mandatario y otros altos funcionaros, así como también a los líderes de los cárteles de la droga en ese país.

Según relata el analista en una columna escrita en The Guardian, en los últimos cinco años, Calderón ha presidido un baño de sangre de proporciones históricas, con más de 50.000 muertes violentas (incluyendo al menos 1.300 jóvenes y niños), 230.000 personas desplazadas y al menos 10.000 personas "desaparecidas".

“Esta violencia no es el resultado normal de la recesión económica mundial o de disputas entre bandas rivales de narcotraficantes, pero indica la existencia de una crisis humanitaria a gran escala. De hecho, la magnitud de la crisis es mucho mayor que aquellos en el Congo, Sudán, Kenia, o la Costa de Marfil, todos los cuales están actualmente bajo investigación de la CPI”, dijo.