Señalan que la cifra de integrantes de los institutos de las entidades no puede ser igual; legisladores debaten también cuándo el Instituto Nacional Electoral atraerá elecciones locales.

Ciudad de México. Excélsior.com.mx. Senadores y diputados federales analizan los parámetros para integrar los consejos generales de los institutos electorales estatales, que será la primera tarea del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a las elecciones de 2015, pues si bien PRI, PAN y PRD proponen que sean siete los consejeros, evalúan también el número de éstos de acuerdo al tamaño de cada estado.

Según los legisladores inmersos en la negociación de las leyes electorales, que desarrollan en las comisiones unidas del Senado, encabezadas por la de Reforma del Estado, que preside el priista Miguel Chico Herrera, otro de los temas prioritarios es definir los criterios del INE para atraer las elecciones estatales en caso de irregularidades.

Los legisladores consultados explicaron que una entidad federativa como el Estado de México o Oaxaca, con un amplio número de distritos electorales, no puede tener la misma cantidad de consejeros que estados como Tlaxcala, Nayarit o Colima, cuya cifra de distritos electorales es significativamente menor.

El grupo de trabajo de senadores, diputados federales e integrantes del gobierno federal, entre ellos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, se ha reunido con frecuencia para avanzar en la construcción del entramado legal para regular la reforma constitucional en materia electoral.

Colocaron en los primeros planos de avance lo que será la Ley General de Organismos y Procedimientos Electorales, que también está propuesto que se llame Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contendrá todo lo referente a las funciones del INE, como sus facultades de atracción de las elecciones estatales .

También, la forma en que los ahora Organismos Públicos Locales, antes Institutos Estatales Electorales, deberán sujetarse a los lineamientos que marque el Consejo General del INE, que encabeza Lorenzo Córdova Vianello.

Las propuestas del PRI, PAN y PRD se sujetan al texto constitucional en el sentido de que el INE atraerá los procesos electorales cuando existan anomalías de gravedad y que esa decisión deberá tomarse por el Consejo General con el voto de al menos ocho de sus integrantes.

Pero ni el PAN ni el PRD abundan en detalles en sus propuestas respectivas de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aunque sí mencionan los actos anticipados de campaña y la propaganda excesiva.

El PRI, en su iniciativa de Ley General Electoral plantea que el INE tendrá facultad de atraer los procesos sancionadores especiales y aclara que la solicitud para que el instituto organice las elecciones en un estado y haga a un lado al órgano público local deberá contar con el aval de al menos dos partidos políticos que no estén coaligados.

En lo referente a la integración de los plenos de los Organismos Públicos Locales, las propuestas de esos tres partidos establecen que estarán formados por un presidente y seis consejeros, y apegados al texto constitucional plantean que durarán en sus cargos siete años y no tendrán oportunidad de reelección.

Sin embargo, en la discusión el grupo de trabajo ha llegado a la conclusión de que el número de consejeros estatales no puede ser igual en todos los casos.

El argumento es que dejar la cifra en siete consejeros estatales para entidades federativas con un alto número de votantes implicará una carga de trabajo diferente a la de estados con una cantidad de votantes considerablemente menor.

Este lunes, el equipo técnico reportará los avances logrados en materia de instituciones, procedimientos electorales y partidos políticos, para que por la noche se reúnan senadores, diputados federales y representantes del gobierno federal, porque el objetivo es que el próximo viernes esté aprobado en el Senado el paquete completo en materia electoral.

Apuestan por frenar propaganda encubierta. PAN y PRD apuestan por un control rígido de la relación entre los medios de comunicación y los actores políticos, para poner freno a lo que llaman el engaño electoral más recurrente en las campañas políticas.

En el marco de la discusión de las leyes electorales, la izquierda y la derecha coinciden en que no deben repetirse esquemas “engañosos” de propaganda electoral disfrazada de información periodística.

Excélsior informó el viernes que el PAN quiere controlar el “exceso” de entrevistas a los candidatos electorales.

Para el caso del PRD, que también fue un promotor de la reforma constitucional que incluyó causales de nulidad electoral por rebase de topes de gastos de campaña, el uso de propaganda encubierta y la utilización de dinero de procedencia ilícita, sus definiciones no son tan puntuales como las de los panistas.

Los perredistas dicen que se entenderá por “propaganda gubernamental encubierta: cualquier expresión en los medios de comunicación que, pretendiendo ser una noticia, por la descontextualización, la repetición innecesaria, o por su falta de objetividad se convierta en un mecanismo de difusión de un servidor público”.

En su propuesta dice que “los sujetos obligados no pueden adquirir, a título oneroso o gratuito, publicidad con cualquier medio de comunicación social que sea presentada como noticia por parte del emisor de última instancia, así como el pago directo o indirecto por entrevistas de servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase”.

Sin embargo, en la exposición de motivos de su paquete de iniciativas, los perredistas aclaran que uno de los avances más importantes de la reforma constitucional es precisamente la inclusión de la compra de publicidad encubierta como causal de nulidad electoral, porque argumentan que durante las recientes campañas electorales federales ha sido evidente que algunos candidatos utilizaron mecanismos para promoverse, vía la presentación de supuestas notas informativas.

Los panistas, de acuerdo con la iniciativa presentada por el senador Fernando Torres Graciano, han detallado lo que debe entenderse por propaganda encubierta que es comprada o adquirida por los candidatos o sus partidos políticos en radio, televisión, diarios, semanarios, revistas, tanto del área política como de otros ámbitos.