Ciudad de Guatemala. Una jueza de Guatemala condenó a dos ex policías a 40 años de cárcel por la desaparición de un líder sindical hace 26 años, el primer caso en usar como evidencia un archivo policial abandonado.

El líder sindical Fernando García estaba de camino hacia su trabajo, a los 27 años, un día de febrero de 1984, cuando recibió un disparo, fue llevado a un hospital de la policía y nunca más se le volvió a ver.

Activistas laborales y estudiantes fueron a menudo los objetivos durante la guerra civil en Guatemala entre 1960 y 1996, que enfrentó a gobiernos de derecha contra izquierdistas y dejó cerca de 250.000 muertos.

Informaciones obtenidas en el archivo, que fue encontrado en el 2005 en lo que fue un depósito de municiones infectado de ratas en Ciudad de Guatemala, implicaron a los policías Héctor Ramírez y Abraham Gómez.

"Todos los indicios dan certeza que ubican a los acusados en el lugar donde fue detenido Fernando García", dijo la jueza Odilia González, en una audiencia pública que concluyó el jueves en la noche.

Activistas laborales y estudiantes fueron a menudo los objetivos durante la guerra civil en Guatemala entre 1960 y 1996, que enfrentó a gobiernos de derecha contra izquierdistas y dejó cerca de 250.000 muertos.

Investigadores de Naciones Unidas han ligado la mayor parte de los crímenes de la guerra civil con fuerzas policiales y militares, pero pocos funcionarios han sido procesados por la justicia de Guatemala.

"Es un caso emblemático", dijo a Reuters el activista de derechos humanos de víctimas, Mario Polanco. "Este caso puede abrir la oportunidad que se investiguen otros casos", agregó.

Más de 600 documentos, de los 750 que fueron usados como evidencia en el caso, provinieron del archivo abandonado.

Los investigadores de derechos humanos que hallaron el archivo, de 80 millones de páginas, esperan que pueda aportar pruebas para demostrar que altos funcionarios estuvieron involucrados en atrocidades de la guerra civil.

Miles de documentos han sido meticulosamente limpiados, catalogados y escaneados en archivos digitales para que en un futuro puedan servir como evidencias.

Desde que el presidente Alvaro Colom asumió la presidencia en el 2008, ha habido procesos judiciales destacados, incluyendo la primera condena relacionada con una desaparición forzada en agosto del 2009.