En este juicio se juzgaron delitos contra 85 víctimas incluidas las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo –Mary Bianco Esther de Careaga y Azucena Villaflor Devicenti- y las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.

Los ex marinos Alfredo Astiz y su jefe, Jorge "Tigre" Acosta, fueron condenados a prisión perpetua junto a otros diez acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura.

Además de las doce perpetuas, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) dictó penas de 18 a 25 años de prisión a otros cuatro represores, y los dos que fueron absueltos -Pablo García Velazco y Juan Carlos Rolón- seguirán presos por otras causas en curso.

La resolución del tribunal fue aclamada por el público de familiares de las víctimas y sobrevivientes que colmó la planta baja del auditorio donde se dictó la condena que esperó que los condenados fueran retirados esposados al grito de “asesinos” y
“genocidas” y el tradicional: “30 mil desaparecidos, presentes”.

Los condenados a prisión perpetua por el homicidio de los doce integrantes del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz y del periodista y escritor Rodolfo Walsh fueron: Astiz, Acosta, Ricardo Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice, Néstor Savio, Raúl Scheller y Ernesto Weber.

Al escuchar su condena, Astiz sonrió en gesto provocativo y se colocó una escarapela sobre la solapa del saco cruzado, mirando de reojo al público.

A 25 años fue condenado Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea, a 20 Ricardo Capdevilla y a 18 el prefecto Juan Antonio Azic.

Este miércoles, el tribunal comenzó a leer su veredicto conteniendo más de 50 resoluciones dos horas después del horario anunciado de las 18, y según explicó el presidente del TOF5, Daniel Obligado, la demora se originó en “dificultades en la deliberación” final de los magistrados para establecer las penas.

De ese modo, el juez aludió a la disidencia en la mayoría de los fallos expresada por el vocal Ricardo Farías, presumiblemente con una visión más benigna hacia los acusados aunque ello recién quedará aclarado el 26 de diciembre a las 18, cuando se lean los fundamentos del fallo.

En este juicio se juzgaron delitos contra 85 víctimas incluidas las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo –Mary Bianco Esther de Careaga y Azucena Villaflor Devicenti-; las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, y los activistas de derechos humanos Angela Auad, Remo Berardo, Raquel Bulit, Horacio Ebert, Julio Fondovila, Gabriel Horane y Patricia Oviedo.

En interés por los fallos en este primer juicio por los crímenes de la ESMA quedó de manifiesto por la presencia de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que era querellante; del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, el presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, y del embajador de Francia, Jean-Pierre Asvazadourian.

En la primera fila también estaban sentados el secretario del gremio judicial, Julio Piumato, y el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS y amigo de Rodolfo Walsh, así como la compañera de éste, Lilia Ferreyra.

Un grupo de familiares, camaradas y reivindicadores de la acción represiva, encabezados por Cecilia Pando, fue conminado varias veces por el tribunal de ser desalojado por su manifestaciones contrarias a cada una de las condenas.

Pero finalmente no hubo incidentes, aunque para evitarlos el tribunal hizo salir primero a los seguidores de los condenados y quince minutos después a los familiares de las víctimas.

Elogios. El canciller francés Alain Juppé aseguró este jueves que las condenas en el marco de la megacausa por las violaciones a los DD.HH. cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la última dictadura, implican "una decisión que hace honor a la Argentina y su compromiso en la lucha contra la impunidad de los crímines cometidos bajo la dictadura militar".

"Francia ha aportado de forma permanente su apoyo al gobierno argentino en este proceso judicial luego de la decisión tomada en 2003 de invalidar las leyes de impunidad", asegura una declaración firmada por el canciller galo y distribuída por el ministerio de relaciones exteriores de ese país.

Juppé asegura que la decisión de anular las leyes que favorecían la impunidad implicó que Argentina asumió "con coraje su deber de memoria. Saludo esta nueva voluntad política que anima a las autoridades argentinas para llevar a buen puerto el conjunto de los juicios de la dictadura".

Francia recuerda que el fallo dado a conocer la noche de este miércoles por el tribunal oral número cinco "sucede a aquel dictado por la corte de apleaciones de París en 1990, que había condenado a Alfredo Astiz a reclusión perpetua".

La cancillería francesa elogia "la excelente cooperación llevada a cabo con sus pares argentinos en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. Esta acción común ha conducido claramente a la adopción de la convención internacional por la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas firmada en París en enero de 2007 y que entró en vigor en diciemgre de 2010".